By El Gobierno dominicano enfrenta una de las presiones fiscales más severas de los últimos años a causa del alza de combustibles en los mercados internacionales. Para contenerla, analiza un nuevo proyecto de ley de mercado de hidrocarburos, trabaja junto al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en un mecanismo de seguro para la compra de combustibles y evalúa alternativas para la fijación de precios. El reto no es solo técnico: el Gobierno reconoce que no puede enfrentarlo sin el respaldo de múltiples sectores de la sociedad.
El dato que lo cambia todo: RD$55,000 millones en combustibles
Las proyecciones de gasto en combustibles para el año en curso ascienden a más de RD$55,000 millones, una cifra que supera ampliamente los RD$11,000 millones inicialmente presupuestados. Para cubrir ese déficit, el presupuesto modificado deberá incrementarse en aproximadamente RD$35,000 millones. Así lo explicaron Magín Díaz y Sanz Lovatón, ministros de Hacienda y Economía, y de Industria, Comercio y Mipymes, respectivamente, durante el foro Nueva Realidad: República Dominicana Frente al Impacto Global en los Combustibles.
Detrás de estos números hay una causa estructural: la República Dominicana importa el 80 % de los combustibles que consume, lo que la expone directamente a las turbulencias del mercado internacional. Los conflictos geopolíticos en Oriente Medio y las tensiones en las cadenas de suministro han encarecido especialmente los productos refinados —gasoil y gasolina— de forma desproporcionada respecto al precio del petróleo crudo. El ministro Sanz Lovatón advirtió que una caída en el precio del crudo no se traduce automáticamente en alivio para los consumidores, dado que el costo de refinación ha cobrado mayor peso en la ecuación.
Desde el inicio de la crisis, los precios de los combustibles han sido ajustados hasta en un 23 %, incluso con la aplicación de subsidios. Díaz subrayó que la coyuntura actual imposibilita cambios drásticos inmediatos y que cualquier modificación legislativa deberá esperar a que existan las condiciones adecuadas.
Cómo se distribuyen los subsidios y quiénes los reciben
El esquema de subsidios vigente no es uniforme: responde a una lógica de priorización social que concentra el apoyo en los combustibles de mayor uso popular. Según los datos presentados por el ministro Díaz, la distribución actual es la siguiente:
- GLP: 33 % de subsidio — utilizado por el 40 % de la población de menores ingresos.
- Gasoil regular: 35.7 % de subsidio.
- Gasoil óptimo: 29.5 % de subsidio.
- Gasolina regular: 14.6 % de subsidio.
- Gasolina premium: 5.3 % de subsidio.
Esta estructura refleja la política de aumentos graduales y diferenciados que el Gobierno ha mantenido: priorizar los ajustes en la gasolina premium y el gasoil óptimo, mientras se limitan las alzas en los combustibles que inciden directamente en el transporte y los costos productivos. La lógica es proteger a la población más vulnerable, aunque el ministro reconoció que los apoyos deberán ser cada vez más focalizados para ser sostenibles.
En esa línea, una de las medidas en estudio es la revisión de las bases de datos de subsidios para identificar a beneficiarios que no los necesitan y redirigir esos recursos hacia familias vulnerables. Este enfoque se incorporará a la Ley Anticrisis, también conocida como la minireforma, que ya fue aprobada con el objetivo de aumentar la recaudación, reducir el gasto y combatir la evasión fiscal.
El consenso social como condición para enfrentar el alza de combustibles
El foro reunió a líderes empresariales, economistas, gremios productivos y del transporte, legisladores y representantes de la sociedad civil para debatir las implicaciones del mercado energético internacional. En una mesa redonda moderada por Aníbal de Castro, director de Diario Libre, participaron el economista Jaime Aristy Escuder y el empresario Pedro Brache.
Aristy Escuder planteó una propuesta concreta: focalizar los subsidios a la electricidad y exhortar a funcionarios públicos y personas de altos ingresos a renunciar voluntariamente a sus subsidios eléctricos para aliviar la presión sobre las finanzas públicas. Brache, por su parte, reconoció que muchas empresas enfrentan presiones significativas y que su principal respuesta es mejorar la productividad para absorber los aumentos en los precios.
Díaz fue enfático en que el Gobierno no puede afrontar esta crisis en solitario. Llamó a construir un diálogo amplio que permita alcanzar un consenso ante la incertidumbre del mercado internacional, y advirtió sobre las consecuencias de no lograrlo: si la población pierde la tranquilidad, se dificultará sostener cualquier agenda de crecimiento económico. Sanz Lovatón coincidió en que el diálogo con los actores del sistema es indispensable para llegar a una propuesta conjunta que sea viable y legítima. La gestión del alza de combustibles, en definitiva, se ha convertido en una prueba de gobernabilidad que va mucho más allá de los números del presupuesto.
