El presidente Luis Abinader anunció que su gobierno publicará, a partir del 1 de octubre, los resultados de las auditorías de la Contraloría General de la República practicadas a diversas instituciones públicas durante su primer mandato. La medida llega en medio de cuestionamientos sobre el acceso a estos informes y marca un giro hacia una mayor apertura en la gestión de los recursos del Estado.
Las auditorías de la Contraloría que nadie había podido ver
La decisión del mandatario no surgió en el vacío. Organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Participación Ciudadana, habían expresado preocupación por la falta de divulgación de los documentos generados por el órgano de control interno del Ejecutivo. Esa presión ciudadana encontró respuesta en el anuncio presidencial, que establece un proceso progresivo de publicación conforme la Contraloría complete cada informe.
Los documentos que se harán accesibles al público abarcan el período comprendido entre agosto de 2020 y agosto de 2024, es decir, la totalidad del primer período de gobierno de Abinader. Se trata de revisiones internas a distintas instituciones del Estado que, hasta ahora, no habían sido puestas a disposición de la ciudadanía de forma sistemática.
Es relevante precisar que estas auditorías corresponden al control interno del Ejecutivo y son instrumentos distintos a las fiscalizaciones que realiza la Cámara de Cuentas, entidad encargada del control externo de los recursos públicos. Ambos mecanismos son complementarios, pero operan bajo marcos institucionales diferentes.
Lo que revela esta apertura sobre la transparencia del gobierno
Abinader enmarcó el anuncio dentro de los esfuerzos de su administración por fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. Según el mandatario, la divulgación de estos informes contribuye a la institucionalidad del país y permite a los ciudadanos conocer de primera mano cómo se ha gestionado el erario durante los últimos cuatro años.
El presidente también vinculó la iniciativa con el fortalecimiento del ejercicio democrático y las libertades públicas, reafirmando la transparencia como uno de los principios fundamentales de su gobierno. En ese sentido, la publicación de las auditorías de la Contraloría no se presenta únicamente como una respuesta a la presión externa, sino como parte de una narrativa más amplia de apertura institucional que la administración busca consolidar en su segundo mandato.
El proceso de divulgación será gradual: los informes se irán publicando a medida que la Contraloría General de la República finalice cada revisión, lo que implica que la ciudadanía no tendrá acceso a todos los documentos de forma simultánea, sino de manera escalonada a lo largo del tiempo. Este esquema, si bien puede generar expectativas sobre los plazos reales de entrega, representa un compromiso formal del Ejecutivo con la apertura de información que organizaciones civiles llevan tiempo reclamando.

