By El Ministerio Público investiga lo que podría ser el caso más grave de los últimos años: un presunto atentado contra el presidente Luis Abinader, supuestamente planificado para el viernes 6 de noviembre en la sede del Congreso Nacional, durante la conmemoración del Día de la Constitución. A diferencia de episodios anteriores protagonizados por amenazas en redes sociales, este caso involucra una orden judicial que menciona una fecha, un lugar y la incautación de equipos electrónicos y sustancias químicas.
El arresto que encendió las alarmas
El pasado martes 3 de noviembre, agentes de seguridad arrestaron en San Francisco de Macorís a Delvinson De la Cruz Sosa, de 29 años, en un allanamiento autorizado por la jueza Josefina Noemí Díaz Marte. El operativo se extendió tanto a su residencia como a la ferretería donde laboraba, y en ambos lugares las autoridades incautaron equipos electrónicos y sustancias químicas cuya naturaleza exacta aún se investiga.
La investigación cuenta con el respaldo de la División de Investigaciones de Delitos Informáticos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), lo que sugiere que parte del rastro del caso fue detectado en el entorno digital. El Ministerio Público solicitó una medida de prisión preventiva de tres meses por los cargos de terrorismo, asociación de malhechores y otras infracciones contra la seguridad del Estado.
Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, confirmó que las investigaciones continúan en la Fiscalía de Duarte y que las autoridades trabajan para determinar el alcance real de las amenazas y si existía un plan operativo concreto detrás del presunto atentado. En todo proceso penal se mantiene la presunción de inocencia, y será responsabilidad del Ministerio Público probar los cargos ante los tribunales.
Lo que distingue este presunto atentado de los casos anteriores
Este episodio no surge en el vacío. Desde 2021, al menos siete personas han sido detenidas, investigadas o sometidas a la justicia por amenazas contra el presidente Abinader, la mayoría de ellas a través de plataformas digitales. Sin embargo, el caso de San Francisco de Macorís marca una diferencia cualitativa: la orden judicial menciona explícitamente una planificación con fecha y lugar, elementos que los episodios anteriores no contenían.
El historial de casos previos ilustra la evolución de este tipo de amenazas:
- 2021: Enrique Figueroa fue detenido en Nueva York por amenazas de muerte cerca del hotel donde se hospedaba el mandatario.
- 2022: Roberto Antonio Soto Mejía, conocido como “Cubanito”, fue arrestado por emitir amenazas públicas contra el presidente.
- Mayo de 2023: Yrene Sosa Tavárez, “La más dura”, fue arrestada en Bonao por mensajes amenazantes publicados en TikTok; quedó libre con una garantía económica de RD$50,000.
- Julio de 2024: Stalin Silvestre Corporán se entregó a las autoridades tras publicar un video en TikTok que mencionaba un atentado, resultando en un mes de prisión preventiva.
- Diciembre de 2025: Héctor Julio Mercedes Rodríguez, “La Bala”, fue detenido por amenazas en video y liberado con seguimiento psiquiátrico.
La mayoría de esos casos se resolvieron con medidas de coerción relativamente leves o con libertad condicionada. El de Delvinson De la Cruz Sosa, en cambio, enfrenta una solicitud de tres meses de prisión preventiva y cargos que incluyen terrorismo, lo que refleja la gravedad con que el Ministerio Público evalúa la evidencia recabada hasta ahora.
El contexto del Día de la Constitución y la fecha del presunto atentado
La elección del escenario no es menor. Según la orden judicial, el presunto atentado estaba programado para coincidir con la conmemoración del Día de la Constitución en el Congreso Nacional, un acto de Estado con alta concentración de autoridades y cobertura mediática. El Ministerio de Trabajo, por su parte, informó que el feriado oficial se trasladaría al lunes 9 de noviembre, aunque la ceremonia en el Congreso estaba prevista para el viernes 6.
Esa coincidencia entre la fecha del acto institucional y la supuesta planificación del presunto atentado es uno de los elementos que la Fiscalía de Duarte deberá sostener con pruebas ante los tribunales. Las investigaciones siguen abiertas y, según Wilson Camacho, aún se trabaja para establecer si el detenido actuaba solo o si existía una red más amplia detrás del plan.
