By Elizabeth Silverio fue condenada a cinco años de prisión por la Novena Sala Penal del Distrito Nacional el 14 de abril de 2026, en un caso que ha sacudido a decenas de familias dominicanas con hijos diagnosticados con trastorno del espectro autista. El tribunal también ordenó una indemnización de 2 millones de pesos a favor de las víctimas, en una sentencia que cierra —al menos provisionalmente— uno de los procesos judiciales más seguidos de los últimos años en el país.
Lo que reveló el tribunal sobre el centro de Silverio
La sentencia dictada por el tribunal establece que Elizabeth Silverio operaba el Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas, conocido públicamente como Knowledge Land o Kogland, sin contar con las acreditaciones exigidas por la normativa sanitaria vigente. Esta irregularidad no fue menor: implicó que familias vulnerables, con niños que requieren atención especializada, confiaron el cuidado de sus hijos a una institución que funcionaba al margen de los controles del sistema de salud.
La magistrada determinó que la condena no se ejecutará de manera inmediata, dado que la sentencia aún debe adquirir carácter definitivo. Mientras ese proceso concluye, el caso permanece en una fase de transición legal que mantiene en vilo a las familias querellantes. En caso de que la pena se haga efectiva, Silverio deberá cumplirla en el centro penitenciario Najayo Mujeres.
El Ministerio Público había solicitado una pena más severa: 7 años de prisión, una multa equivalente a 50 salarios mínimos y el decomiso de las pruebas recopiladas durante la investigación. Los fiscales argumentaron riesgo de fuga y la gravedad de los hechos para justificar esas medidas. El tribunal acogió parcialmente la solicitud, rebajando la pena pero manteniendo la indemnización económica a las víctimas.
Un segundo juicio que cambió la condena original
Este no es el primer fallo que enfrenta Elizabeth Silverio. En octubre de 2024, un tribunal ya la había condenado a 7 años de prisión y al pago de 2 millones de pesos a cada una de las familias querellantes. Sin embargo, ese proceso fue revisado judicialmente, lo que motivó la celebración de un nuevo juicio en abril de 2026, cuyo resultado arrojó una pena inferior a la original.
La diferencia entre ambas condenas —de 7 a 5 años— ha generado reacciones encontradas entre los afectados y sus representantes legales. Para muchas de las familias involucradas, la reducción de la pena representa una señal preocupante sobre el peso que el sistema judicial otorga a los daños causados a niños con necesidades especiales. Para la defensa, en cambio, el nuevo juicio validó su argumento de que la condena inicial era desproporcionada.
- Primera condena: octubre de 2024 — 7 años de prisión y 2 millones de pesos por familia querellante.
- Revisión del proceso: motivó la celebración de un nuevo juicio.
- Segunda condena: 14 de abril de 2026 — 5 años de prisión y 2 millones de pesos totales a las víctimas.
- Centro involucrado: Knowledge Land / Kogland, operado sin acreditaciones sanitarias.
- Lugar de cumplimiento de la pena: Najayo Mujeres.
El impacto en familias de niños con autismo y el debate sobre regulación
Más allá de los tecnicismos jurídicos, el caso de Elizabeth Silverio ha puesto sobre la mesa una discusión que trasciende el expediente judicial: la fragilidad de los mecanismos de control en el sector de la salud especializada, particularmente en lo que respecta a la atención de infantes con trastorno del espectro autista. Las familias que acudieron a Kogland lo hicieron buscando apoyo terapéutico para sus hijos, en un contexto donde la oferta de servicios especializados es limitada y la demanda, alta.
Esa combinación —necesidad urgente, oferta escasa y controles insuficientes— es precisamente el terreno en el que operaciones como la de Kogland pueden prosperar sin ser detectadas a tiempo. El caso ha impulsado voces que exigen una revisión de los protocolos de habilitación y supervisión de centros terapéuticos en el país, especialmente aquellos que atienden poblaciones vulnerables. La condena a Silverio, independientemente de su extensión, sienta un precedente sobre la responsabilidad penal de quienes prestan servicios de salud sin las credenciales requeridas.
Para las familias querellantes, el proceso judicial ha sido largo y emocionalmente agotador. La sentencia del 14 de abril representa un punto de llegada parcial, pero la espera por la firmeza del fallo mantiene abierta una herida que, para muchos, va mucho más allá de lo legal.
