By En una sesión marcada por la velocidad y la controversia, los diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM) aprobaron en primera lectura un proyecto de ley que autoriza el pago a contratistas del Estado por obras sin contrato formal. La iniciativa avanzó sin ser leída en el pleno y en medio del rechazo unánime de los bloques opositores, lo que convirtió la jornada legislativa en un termómetro del nivel de tensión política que rodea al manejo de las finanzas públicas.
Lo que revela la aprobación exprés en la Cámara Baja
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, declaró de urgencia la iniciativa junto al diputado reformista Rogelio Alfonso Genao Lanza, quien resultó ser el único aliado del oficialismo en esta votación. Con ese respaldo mínimo pero suficiente, el proyecto fue remitido a una comisión especial con un plazo que vencía el miércoles siguiente, apenas un día después de la sesión. La celeridad del proceso no pasó desapercibida: la oposición, integrada por legisladores de la Fuerza del Pueblo (FP), el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y el Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), levantó objeciones formales que el oficialismo ignoró para proceder con la votación.
El proyecto no surge en el vacío. Es la respuesta directa a una legislación anterior que el Poder Ejecutivo devolvió al Congreso el 16 de enero, observada en su totalidad por violar principios constitucionales y por no garantizar la provisión de fondos. Aquella ley buscaba autorizar el pago de deudas a pequeños contratistas por obras ya ejecutadas, pero su redacción no superó el filtro presidencial. La nueva iniciativa intenta corregir esos defectos de forma, aunque sus críticos advierten que el fondo del problema —el pago de compromisos contraídos al margen de la legalidad— permanece intacto.
Obras sin contrato: el mecanismo que propone la ley
El corazón del proyecto es la creación de una comisión con facultades para verificar las obras realizadas, validar los montos reclamados, depurar los casos irregulares y autorizar los pagos correspondientes. La iniciativa define su alcance como excepcional y por única vez: reconocer, validar y pagar deudas derivadas de obras sin contrato formal o que requieran reformulación presupuestaria. El texto promete transparencia y uso adecuado de los recursos públicos, aunque la oposición cuestiona que un mecanismo de excepción sea precisamente el instrumento elegido para regularizar una práctica que, según sus argumentos, no debería haberse producido.
El marco legislativo trabajará en coordinación con el Poder Ejecutivo, que ya presentó sugerencias para su redacción, e incluirá tanto las obras consignadas en la ley observada en enero como otras adicionales que el Ministerio de Educación proponga. Los montos finales a pagar no quedan fijados en el texto, sino que se determinarán conforme a las verificaciones que realice la comisión, cuyos resultados deberán ser certificados en conjunto con el Ministerio de Hacienda y Economía. Los fondos provendrán del presupuesto general del Estado.
- Verificación de obras ejecutadas sin contrato formal
- Validación de montos reclamados por contratistas
- Depuración de casos irregulares
- Autorización de pagos certificados por Hacienda y Economía
- Inclusión de obras sugeridas por el Ministerio de Educación
La misma comisión, un nuevo intento de salvar la ley
No es casualidad que la comisión especial designada para trabajar el nuevo proyecto sea exactamente la misma que elaboró la ley devuelta en enero. Presidida por la vicepresidenta de la Cámara Baja, Dharuelly D’Áza, el grupo retoma una tarea que ya conoce en detalle, lo que en teoría acorta los tiempos técnicos. Sin embargo, la repetición del mismo equipo también alimenta las críticas de quienes ven en este proceso una operación de maquillaje legislativo antes que una reforma de fondo.
El listado que acompañará la ley incluirá cientos de obras, lo que da una dimensión real de la magnitud del problema acumulado. Que el Estado dominicano haya permitido la ejecución de ese volumen de infraestructura sin respaldo contractual es, en sí mismo, el dato que más incomoda al debate público. La nueva legislación intenta cerrar esa deuda, pero el debate sobre cómo se llegó hasta aquí —y quiénes son los responsables— queda abierto. Para seguir el avance de esta iniciativa, puede consultarse el portal oficial de la Cámara de Diputados de la República Dominicana.
