By El aumento del marbete para el período 2026-2027 encendió el debate en la Cámara de Diputados. Legisladores de la Fuerza del Pueblo (FP) y del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) rechazaron el incremento del 33.3 % en las tarifas anunciado por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), calificándolo de carga injusta sobre una población que ya enfrenta presión económica. Desde el oficialismo, la respuesta fue directa: el Estado necesita recursos para seguir invirtiendo.
El aumento del marbete que nadie esperaba —pero todos temían
La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) anunció que, para el ciclo 2026-2027, los vehículos fabricados hasta 2021 pagarán RD$2,000 por el marbete, mientras que los modelos de 2022 en adelante deberán abonar RD$4,000. Eso representa un alza de RD$500 y RD$1,000, respectivamente, frente a las tarifas anteriores, que no habían sido modificadas desde 2016. El proceso de renovación arrancó el 29 de octubre y se extenderá hasta el 31 de enero de 2027, fecha a partir de la cual se aplicarán recargos a quienes no hayan cumplido con el pago.
Para los legisladores opositores, el momento elegido no es casual ni inocente. El diputado Germán Martínez Araujo, de la Fuerza del Pueblo, fue el más directo al calificar la medida de otro «palo acechado» del Gobierno del presidente Luis Abinader. Según su lectura, el incremento forma parte de una estrategia deliberada para elevar la recaudación sin presentar una reforma tributaria formal ante el Congreso. «La población dominicana estaba segura de que eso venía, porque es como una reforma blanda que han ido aplicando poco a poco, producto de la reforma fallida», afirmó el legislador.
La expresión «palo acechado» —que en el habla dominicana describe un golpe esperado pero que igual duele— resume el sentimiento de quienes ven en este ajuste tarifario la continuación de una política de incrementos graduales que sustituye, en la práctica, a la reforma fiscal que el Ejecutivo no logró sacar adelante.
Lo que revelan las voces de la oposición sobre el costo de vida
El diputado peledeísta Charles Mariotti sumó su rechazo con un argumento de oportunidad: no existe justificación para subir una tarifa en un contexto donde las familias dominicanas ya sienten el peso del alza en alimentos, combustibles y servicios básicos. «No hay manera de explicarme que este sea el momento adecuado para aumentar una tarifa que no se incrementaba desde hace diez años», expresó Mariotti, quien también cuestionó el manejo del gasto gubernamental como origen de las necesidades de financiamiento.
La diputada Selinee Méndez, también de la Fuerza del Pueblo, apuntó hacia el sector más vulnerable de la ecuación: la clase media. A escasos meses del cierre del año fiscal, Méndez pidió prudencia a las autoridades y advirtió que las nuevas cargas tributarias recaen siempre sobre el mismo segmento. «La clase media, que es la más golpeada de este país, es la que termina pagando todo», subrayó la legisladora.
Los tres diputados opositores coincidieron, además, en señalar contradicciones en el discurso oficial:
- El Gobierno anuncia constantemente nuevas obras e inversiones, lo que sugiere disponibilidad de fondos.
- El nivel de endeudamiento público sigue siendo elevado, sin que se haya revisado la estructura del gasto.
- Los subsidios existentes no han sido auditados antes de imponer nuevas cargas a los contribuyentes.
- El incremento llega sin una reforma tributaria integral que distribuya el esfuerzo fiscal de forma más equitativa.
La defensa oficialista: sin recursos no hay inversión
Frente al coro opositor, la diputada oficialista Soraya Suárez ofreció la postura del Gobierno con una lógica de sostenibilidad fiscal. Para Suárez, la pregunta no es si el Estado debe recaudar más, sino de dónde obtendrá los recursos para mantener el ritmo de inversión pública que la ciudadanía demanda. «Si el Gobierno tiene que seguir trabajando e invirtiendo en la gente y en infraestructura, tiene que saber de dónde va a sacar el dinero», resaltó la legisladora, quien también recordó que las reformas fiscales pendientes no fueron abordadas por administraciones anteriores.
El argumento oficialista coloca el debate en un terreno incómodo para la oposición: criticar el aumento del marbete es legítimo, pero exigir inversión pública sin aceptar ningún mecanismo de financiamiento resulta contradictorio. La tensión entre ambas posiciones refleja un problema estructural que el sistema político dominicano lleva años postergando: la necesidad de una reforma fiscal amplia, negociada y socialmente aceptada, que no llegó en el primer mandato de Abinader y cuyo fracaso ahora se traduce en ajustes puntuales como este.
El aumento del marbete no es, en sí mismo, una medida extraordinaria —la tarifa llevaba una década sin moverse—, pero su aprobación en este momento político y económico convierte un trámite administrativo en un termómetro del malestar ciudadano. Con la renovación abierta hasta enero de 2027, el Gobierno tendrá tiempo de medir la temperatura real de esa incomodidad.
