By La justicia penal adolescente en la República Dominicana está en el centro de un proceso de transformación que involucra a instituciones del Estado, la academia y la sociedad civil. Un panel de alto nivel reunió a juristas, operadores del sistema judicial y académicos para debatir las propuestas de modificación al marco legal que rige la protección integral de niños, niñas y adolescentes en el país.
Lo que reveló el panel sobre la reforma a la Ley 136-03
El Gabinete de Niñez y Adolescencia (GANA), el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), la Universidad APEC (UNAPEC) y la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) organizaron el panel titulado “El Código de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia”. El encuentro se centró en las propuestas de modificación al sistema de justicia penal adolescente como parte de la reforma a la Ley 136-03, Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.
El evento convocó a una amplia representación de actores: juristas, operadores del sistema de justicia, académicos y especialistas en atención a adolescentes. El debate se articuló en torno al Libro III de la propuesta de anteproyecto, que concentra los aspectos más sensibles del sistema y los puntos que requieren revisión para mejorar la respuesta estatal ante adolescentes en conflicto con la ley.
El rector de UNAPEC, Erik Pérez Vega, subrayó el valor de la participación académica en este tipo de discusiones y la responsabilidad que recae sobre los estudiantes de Derecho como futuros operadores del sistema. Por su parte, la presidenta ejecutiva del CONANI, Ligia Jeannette Pérez Peña, ofreció contexto sobre un proceso de reforma que lleva más de un año en marcha y que cuenta con el respaldo de un Comité Consultivo de Alto Nivel. Pérez Peña fue enfática: la protección de la niñez no es tarea exclusiva del Estado, sino una responsabilidad compartida por toda la sociedad.
Justicia restaurativa y reinserción: los ejes que lo cambian todo
Los consultores responsables de las modificaciones al Libro III, Joan García Fabián y Yudelka Polanco, presentaron los pilares conceptuales de la propuesta. Entre los enfoques destacados figuran el fortalecimiento del carácter especializado del sistema de justicia penal adolescente y la implementación de la justicia restaurativa como herramienta central de respuesta a las infracciones.
Ambos consultores explicaron que cualquier intervención sobre adolescentes que han cometido infracciones debe considerar su etapa de desarrollo y su condición de vulnerabilidad. El objetivo no es únicamente sancionador: la propuesta apunta a reducir la reincidencia y facilitar la reinserción social de los jóvenes, reconociendo que el sistema tiene una función reparadora tanto para las víctimas como para los propios adolescentes.
- Fortalecimiento del carácter especializado del sistema de justicia penal adolescente
- Implementación de la justicia restaurativa como mecanismo de respuesta
- Enfoque en el desarrollo y vulnerabilidad del adolescente infractor
- Reducción de la reincidencia mediante intervenciones diferenciadas
- Facilitación de la reinserción social tras el egreso de centros de atención
El magistrado Francisco Antonio Pérez Lora amplió el debate al plantear la necesidad de revisar la respuesta institucional ante casos de adolescentes inimputables, un segmento que el sistema actual atiende con herramientas insuficientes. Además, llamó la atención sobre la urgencia de crear mecanismos específicos para apoyar a niños y adolescentes migrantes, una población que enfrenta una doble vulnerabilidad dentro del sistema.
El seguimiento post-egreso, el eslabón que nadie quiere ignorar
Carlos Guerrero, director nacional de Atención Integral de la Persona Adolescente en Conflicto con la Ley Penal (DINAIACLP), puso el foco en una etapa que suele quedar fuera del debate: el seguimiento a los adolescentes una vez que egresan de los centros de atención. Guerrero argumentó que sin un acompañamiento sostenido tras la salida del sistema, los avances logrados durante la intervención corren el riesgo de diluirse, comprometiendo tanto la reinserción del joven como la seguridad de la comunidad.
El panel fue moderado por Servio Tulio Castaños Guzmán, de FINJUS, y se enmarcó dentro de las acciones de validación y socialización que acompañan el proceso de reforma a la Ley 136-03. Este tipo de espacios de diálogo multiactor son parte de la metodología adoptada para garantizar que la nueva normativa recoja perspectivas diversas antes de su aprobación definitiva.
La reforma a la Ley 136-03 representa una oportunidad histórica para actualizar el marco de protección de la niñez dominicana y dotar al sistema de justicia penal adolescente de herramientas más eficaces, humanas y alineadas con los estándares internacionales. El proceso, que puede seguirse a través de las plataformas del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, continúa avanzando con la participación activa de todos los sectores involucrados.
