By El caso Camaleón dio un paso decisivo esta semana cuando la jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, ordenó el envío a juicio de fondo del exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, junto a José Ángel Gómez Canaán, conocido como Jochi Gómez, y otros nueve imputados. La decisión consolida una investigación que apunta a una red de adjudicaciones fraudulentas en torno a la modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo, con desvío de fondos públicos y operaciones de lavado de activos como ejes centrales de la acusación.
Lo que revela el caso Camaleón sobre el esquema de fraude
Según la acusación del Ministerio Público, el entramado delictivo giró en torno a contratos y convenios irregulares suscritos con tres empresas clave: Dekolor S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L. y Transcore Latam S.R.L. A través de estas adjudicaciones, se habría otorgado acceso privilegiado a dichas compañías, lo que derivó en el desvío de fondos públicos y en operaciones que vulneraron los principios de transparencia y legalidad administrativa.
El Ministerio Público señala a Jochi Gómez como el eje central del esquema. Bajo su liderazgo, las empresas vinculadas habrían operado como parte de una estructura criminal dedicada a la estafa contra el Estado dominicano y al lavado de activos. Hugo Beras, por su parte, enfrenta cargos específicos por haber facilitado las adjudicaciones fraudulentas desde su posición como director del Intrant.
Los delitos imputados al conjunto de acusados incluyen coalición de funcionarios, asociación de malhechores, lavado de activos y estafa contra el Estado, todos tipificados en la legislación dominicana. La acusación detalla roles diferenciados para cada imputado, lo que sugiere una estructura jerárquica y deliberada dentro del presunto esquema.
Los imputados y las empresas que irán a juicio
Además de Beras y Jochi Gómez, la jueza Rivas envió a juicio a otros ocho imputados con funciones específicas dentro del Intrant y del entramado empresarial:
- Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico.
- Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant, acusado de falsificación de certificaciones sobre el control técnico de la red semafórica.
- Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras, señalado por manipular procesos de licitación.
- Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant.
- Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Feliz Casso.
En el plano empresarial, siete compañías fueron notificadas sobre el juicio y enfrentan imputaciones de distinta naturaleza:
- Transcore Latam S.R.L.: participación en la ejecución de contratos fraudulentos.
- PagoRD Xchange S.R.L.: vinculada con la apropiación de ingresos públicos.
- Aurix S.A.S., Inprosol S.R.L., OML Inversiones S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L.: señaladas como vehículos financieros dentro del presunto esquema delictivo.
Antecedentes que anticipaban el desenlace del caso Camaleón
La decisión de la jueza Rivas no llegó de forma abrupta. En octubre de 2024, la jueza Fátima Veloz ya había declarado el expediente como caso complejo e impuesto medidas de coerción contra varios imputados, entre ellos Hugo Beras. Esa calificación permitió ampliar los plazos de investigación y profundizar en la documentación probatoria que el Ministerio Público presentó como base para solicitar el juicio de fondo.
La declaratoria de complejidad es un indicador de la magnitud del expediente: implica múltiples imputados, ramificaciones empresariales y un volumen de pruebas que excede los parámetros de un proceso ordinario. Que la jueza instructora haya encontrado mérito suficiente para enviar el caso a juicio significa que las pruebas recopiladas superaron el umbral de probabilidad razonable exigido en esta etapa procesal.
El juicio de fondo será el escenario donde se determinará la responsabilidad penal definitiva de cada uno de los acusados. La acusación del Ministerio Público deberá sostener, ante un tribunal colegiado, los cargos que vinculan al caso Camaleón con uno de los presuntos esquemas de corrupción más elaborados registrados en la historia reciente del Intrant.
