By El reloj judicial vuelve a correr este lunes a las 9:00 de la mañana, cuando el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional retome la audiencia del juicio contra el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y más de una docena de coimputados. La sesión había sido suspendida luego de que la imputada Altagracia Guillén presentara un certificado médico por problemas de salud, forzando un nuevo aplazamiento en un proceso que acumula casi seis años de litigios.
El tribunal rechaza la extinción y ordena continuar el juicio contra Jean Alain Rodríguez
En la última audiencia celebrada antes del receso, el tribunal tomó una decisión que marcó el rumbo inmediato del caso: desestimó nuevamente la solicitud de extinción de la acción penal y ordenó la continuación del proceso por corrupción administrativa. La resolución no fue una sorpresa para la fiscalía, pero sí un golpe directo para la defensa del exprocurador.
El procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público, valoró positivamente el fallo. Según Camacho, la decisión del tribunal permite avanzar en el proceso y descartó que haya existido una vulneración del plazo razonable, a pesar de la extensa duración del caso. Para el Ministerio Público, el tiempo transcurrido no invalida la acción penal ni compromete las garantías procesales del imputado.
La postura del tribunal se apoya precisamente en el concepto de “plazo razonable”, una figura jurídica que evalúa la duración del proceso no solo en términos cronológicos, sino también en función de la complejidad del caso, la conducta de las partes y la actuación de las autoridades judiciales. Bajo ese criterio, el colegiado consideró que el proceso no ha excedido los límites constitucionales que justificarían su extinción.
La defensa anuncia apelación y denuncia seis años de proceso
El Consejo de Defensa del exprocurador no tardó en reaccionar. Tras conocer la resolución, anunció su intención de apelar la decisión, argumentando que el proceso lleva casi seis años en curso, superando con creces el plazo procesal de cuatro años estipulado en la normativa dominicana. Los abogados de Rodríguez subrayaron, además, que ni su cliente ni su equipo legal han sido responsables de las demoras acumuladas a lo largo del juicio.
Para la defensa, la combinación de estos factores —duración excesiva y ausencia de responsabilidad del imputado en los aplazamientos— debería haber conducido inevitablemente a la extinción de la acción penal. Sin embargo, el tribunal no compartió ese razonamiento y mantuvo el proceso activo, dejando a la apelación como único camino disponible para la estrategia defensiva.
La situación no es exclusiva de Rodríguez. Otros doce acusados en el mismo expediente también han solicitado la extinción de la acción penal, entre ellos:
- Jonathan Loanders Medina
- Javier Alejandro Forteza
- Altagracia Guillén Calzado
- Isis Tapia Stefanni
- Alfredo Alexander Solano Augusto
Todos ellos han visto rechazadas sus peticiones bajo el mismo criterio aplicado al exprocurador, lo que convierte la apelación colectiva en una posibilidad que podría escalar el debate jurídico a instancias superiores.
Los cargos que pesan sobre el exprocurador y sus coimputados
Jean Alain Rodríguez y los demás implicados enfrentan una batería de cargos graves que incluyen soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos. Se trata de uno de los procesos por corrupción administrativa más prolongados y mediáticos de la justicia dominicana en los últimos años, con implicaciones que trascienden la figura del exprocurador y apuntan a una red de presuntas irregularidades dentro del aparato estatal.
El Poder Judicial de la República Dominicana tiene ahora la responsabilidad de conducir este lunes una audiencia que, más allá de los tecnicismos procesales, representa una prueba de la capacidad del sistema para resolver casos de alta complejidad en tiempos razonables. La reanudación del juicio contra Jean Alain Rodríguez será seguida de cerca tanto por los actores del proceso como por una ciudadanía que aguarda una resolución definitiva sobre uno de los casos emblemáticos de la lucha anticorrupción en el país.
