By El reloj institucional ya marcó la hora: la Junta Central Electoral (JCE) tiene listo un borrador de resolución para aplicar, en las elecciones generales de 2028, la reducción de 20 diputaciones territoriales ordenada por la reforma constitucional de 2024. El documento redistribuye los escaños entre el Distrito Nacional y las provincias, y deja en claro quién pagará el precio más alto: la provincia Santo Domingo, que perdería ocho de sus 43 representantes ante la Cámara de Diputados.
Lo que revela el borrador sobre las 20 diputaciones
La propuesta de la JCE establece una nueva distribución de 158 diputados territoriales, en lugar de los 178 que contemplaba la Constitución anterior. La reducción no cae de forma uniforme sobre el mapa político del país: son 13 provincias las que perderían representación en la Cámara Baja, mientras el resto mantendría su cuota actual.
Santo Domingo encabeza la lista de afectadas con una caída de 43 a 35 representantes. Le siguen el Distrito Nacional y Santiago, que reducirían uno cada uno, pasando de 18 a 17 diputados respectivamente. Otras provincias con recortes significativos son:
- San Cristóbal: de 10 a 9 diputaciones
- La Vega: de 7 a 6
- Puerto Plata: de 6 a 5
- La Altagracia: de 5 a 4
- San Pedro de Macorís: de 5 a 4
- Azua: de 4 a 3
- Barahona: de 3 a 2
- María Trinidad Sánchez: de 3 a 2
- Sánchez Ramírez: de 3 a 2
- Valverde: de 3 a 2
El impacto sobre Santo Domingo se distribuye entre sus seis circunscripciones sin excepción: la uno pasaría de seis a cinco representantes; la dos, de cuatro a tres; la tres, de once a nueve; la cuatro, de siete a seis; la cinco, de seis a cinco; y la seis, de nueve a siete. En el Distrito Nacional, el ajuste recae sobre la circunscripción tres, que bajaría de siete a seis diputados, mientras las circunscripciones uno y dos conservarían seis y cinco escaños respectivamente. En Santiago, la circunscripción tres pasaría de seis a cinco, sin cambios en las otras dos.
El criterio que lo cambia todo: padrón electoral en lugar de habitantes
Detrás de los números hay un cambio de fondo que explica por qué la redistribución golpea más a unas provincias que a otras. La modificación del artículo 81 de la Constitución, vigente desde 2024, sustituyó el criterio de densidad poblacional por el de población electoral. Esto significa que la asignación de diputaciones ya no se basa en el total de habitantes registrado en el Censo Nacional de Población y Vivienda, sino en el padrón de electores habilitados para votar.
Para las elecciones de 2028, la JCE utilizará el padrón de las elecciones congresuales de mayo de 2024, que contabilizó 7,281,763 electores. Con ese universo, el organismo establece un cociente de 46,087 electores por cada representante, respetando el mandato constitucional que garantiza un mínimo de dos diputados por provincia, independientemente de su peso electoral.
Este cambio de métrica tiene consecuencias directas en provincias con alta población migrante o con una proporción elevada de menores de edad, grupos que engrosan el censo de habitantes pero no el padrón electoral. Santo Domingo, con su enorme concentración poblacional y sus particularidades demográficas, resulta la más expuesta a esa diferencia.
Puerto Plata y los ajustes que aún quedan pendientes
El borrador también anticipa que algunas redistribuciones requerirán revisiones adicionales. El caso más ilustrativo es el de Puerto Plata, donde la reducción de seis a cinco diputaciones obliga a reexaminar la actual división electoral. Según el documento, la circunscripción dos de esa provincia, que hoy cuenta con dos representantes, quedaría con uno; mientras la circunscripción uno mantendría sus cuatro. Sin embargo, el propio proyecto reconoce que esta distribución final deberá ajustarse conforme a las disposiciones legales sobre el número mínimo de representantes por circunscripción.
Un detalle relevante que el borrador deja fuera del recorte: la reforma no afecta ni las cinco diputaciones nacionales por acumulación de votos ni las siete correspondientes a la comunidad dominicana en el exterior. Sumando ambas categorías a los 158 escaños territoriales, la Cámara de Diputados pasará de 190 a 170 miembros a partir del período constitucional que arranca en 2028. La reducción de 20 diputaciones, en ese contexto, no es solo un ajuste técnico: es una reconfiguración del peso político de cada territorio en el Congreso Nacional. Para conocer más sobre el marco legal que rige este proceso, puede consultarse la Junta Central Electoral.
