By La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, lanzó un mensaje directo a la sociedad dominicana: cada día que el nuevo Código Penal permanece sin entrar en vigencia es un día que la criminalidad gana terreno. Su advertencia, publicada en la red social X junto a una imagen de la Bandera Nacional, encendió el debate en un momento en que el país atraviesa una tensa disputa entre quienes impulsan la reforma y quienes la rechazan.
Lo que revela la advertencia de Reynoso sobre el Código Penal
“Que el Código Penal no entre en vigencia solo favorece a la criminalidad”, escribió Reynoso sin rodeos. La procuradora sustentó su posición en un argumento de fondo: el código actualmente vigente data de 1884, más de 140 años de antigüedad, y fue diseñado para una realidad que no guarda ninguna relación con los crímenes que enfrenta la República Dominicana en 2026. Fraudes digitales, crímenes cibernéticos, nuevas formas de crimen organizado y delitos que ni siquiera existían como categorías jurídicas en el siglo XIX quedan, según su criterio, fuera del alcance efectivo de la ley.
“Es importante recordar que el código vigente, desde 1884, no se ajusta a los crímenes del 2026. Les pido a todos los sectores de la sociedad que pensemos en el bien del país”, añadió la funcionaria, apelando a una visión de interés colectivo por encima de las diferencias políticas o ideológicas que han marcado el debate legislativo reciente.
Por qué el rechazo social sacude la aprobación de la ley
Las declaraciones de Reynoso no ocurren en el vacío. Se producen en medio de una oleada de protestas que ha tomado las calles de Santo Domingo, con cacerolazos y manifestaciones frente al Congreso Nacional y en la Plaza de la Bandera. Varios sectores sociales han cuestionado artículos específicos del nuevo código, argumentando que su redacción podría comprometer la libertad de expresión y criminalizar conductas que hoy no constituyen delito.
La tensión ha obligado al poder legislativo a moverse. La Cámara de Diputados conformó una comisión bicameral con el mandato de estudiar las propuestas de modificación antes de que la ley entre en vigor. El plazo es concreto y no admite demoras: el 3 de agosto es la fecha límite establecida por la vacatio legis de doce meses que acompañó la promulgación de la norma, un período pensado precisamente para permitir ajustes y adecuaciones antes de su aplicación efectiva.
Entre los puntos que concentran la atención de la comisión se encuentran, según el debate público, aspectos relacionados con:
- Artículos que sectores civiles consideran restrictivos para la libertad de expresión.
- Disposiciones cuya redacción genera ambigüedad jurídica.
- Propuestas de modificación presentadas por distintos grupos sociales y gremiales.
El dilema entre reforma y garantías ciudadanas
El llamado de la procuradora pone sobre la mesa una tensión real que va más allá del debate político: modernizar el marco legal para combatir la criminalidad contemporánea sin sacrificar derechos fundamentales. Reynoso no desconoce las preocupaciones ciudadanas, pero su mensaje apunta a que la parálisis legislativa tiene un costo concreto en materia de seguridad pública.
La Procuraduría General de la República ha sostenido que operar con un código del siglo XIX limita la capacidad del sistema de justicia para responder con eficacia a fenómenos delictivos modernos. En ese contexto, el debate sobre el Código Penal no es solo una discusión jurídica: es una disputa sobre qué tipo de herramientas tendrá el Estado dominicano para enfrentar la criminalidad en los próximos años. La comisión bicameral tiene ahora la responsabilidad de encontrar un equilibrio que permita avanzar sin dejar atrás las garantías que la ciudadanía exige.
