By El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, promulgó la Orden Departamental 011-2026, una normativa que redefine el uso de celulares en todos los centros educativos del país, tanto públicos como privados. La medida no es un simple reglamento interno: es la respuesta institucional a una preocupación que crece en todo el mundo sobre el impacto de las pantallas en el aprendizaje, la salud emocional y la convivencia escolar de niños y adolescentes.
El uso de celulares en las aulas, bajo nuevas reglas
La disposición establece un esquema diferenciado según el nivel educativo. En el Nivel Inicial, la prohibición es total: ningún teléfono personal tiene cabida en esa etapa del desarrollo temprano. En Primaria, se aplican restricciones significativas, mientras que en Secundaria se permite un uso regulado, siempre guiado por criterios pedagógicos que cada institución debe definir. Esta gradualidad no es arbitraria: responde a la evidencia sobre cómo la exposición a dispositivos afecta de manera distinta a cada franja etaria.
Cada centro educativo deberá desarrollar protocolos específicos sobre el uso de dispositivos móviles, integrados en sus manuales de convivencia a través de un proceso participativo que involucre a docentes, familias y estudiantes. La normativa también promueve la limitación del tiempo en pantalla durante la jornada escolar, con pausas activas y actividades alternativas que refuercen la atención y la interacción presencial.
- Nivel Inicial: prohibición total de teléfonos celulares personales.
- Primaria: restricciones en el acceso y uso durante la jornada.
- Secundaria: uso pedagógico regulado según criterios institucionales.
- Excepciones: estudiantes con necesidades educativas específicas que requieran herramientas tecnológicas.
Lo que revela la Orden 011-2026 sobre privacidad y ciberacoso
Más allá de la restricción al uso de celulares, la orden incluye disposiciones que abordan un problema que las escuelas raramente habían regulado con tanta precisión: la privacidad dentro del aula. La normativa prohíbe expresamente la grabación o difusión de imágenes, videos o audios de estudiantes, docentes y personal administrativo sin consentimiento previo. En paralelo, establece medidas de prevención contra el ciberacoso y otras formas de violencia en entornos digitales, reconociendo que el daño que ocurre en las pantallas tiene consecuencias reales en los pasillos de las escuelas.
La disposición también contempla programas de capacitación para docentes, personal administrativo y familias en temas de bienestar digital y uso responsable de la tecnología. Este componente formativo es clave: una norma sin acompañamiento pedagógico corre el riesgo de convertirse en letra muerta. El Ministerio de Educación de la República Dominicana apuesta por un modelo donde la regulación y la educación avancen de forma simultánea.
Por qué esta decisión sacude el debate sobre tecnología y educación
De Camps fue explícito al enmarcar la medida dentro de una estrategia más amplia de transformación educativa y ciudadanía digital. “La intervención no se centra en si la tecnología debe estar presente en la educación, sino en cómo asegurar que contribuya efectivamente al aprendizaje y fomente una convivencia digital saludable y responsable”, afirmó el ministro. La frase sintetiza una tensión que muchos sistemas educativos del mundo aún no han resuelto: cómo integrar lo digital sin que desplace lo humano.
En su cuenta de X, De Camps subrayó que “la tecnología debe potenciar el aprendizaje, no menoscabar la convivencia ni la atención”, y añadió que la orden se emite “enfocándonos siempre en el bienestar integral de los estudiantes”. El ministro también advirtió sobre los desafíos que plantean la inteligencia artificial y la hiperconectividad: “Cuanto más digital se vuelve la sociedad, más crucial es formar ciudadanos con criterio, pensamiento crítico y la capacidad de convivir sanamente en espacios físicos y virtuales”.
La Orden Departamental 011-2026 llega en un momento en que países como Francia, Italia y varios estados de Estados Unidos han adoptado medidas similares, lo que ubica a República Dominicana dentro de una tendencia global que prioriza el bienestar estudiantil sobre la hiperconectividad. El debate sobre el uso de celulares en las aulas ya no es solo pedagógico: es, en esencia, una discusión sobre qué tipo de ciudadanos quiere formar la sociedad dominicana.
