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Nuevo Código Penal aumentará sanciones a clínicas por mala práctica

Nuevo Código Penal aumentará sanciones a clínicas por mala práctica

Las clínicas y centros de salud privados en República Dominicana enfrentarán un régimen de mayor responsabilidad penal con la entrada en vigor del nuevo Código Penal, un marco legal que no solo apunta a los médicos individualmente, sino que extiende las consecuencias directamente a las instituciones cuando fallen en su deber de supervisión. La mala práctica médica, bajo esta nueva legislación, dejará de ser un asunto exclusivamente individual para convertirse en una responsabilidad compartida entre el profesional y el centro que lo avala.

Lo que revela el nuevo Código Penal sobre la responsabilidad institucional

El abogado Eric Raful explicó, durante una entrevista en el programa El Día, que si se produce un caso de mala práctica médica o si un individuo sin las credenciales adecuadas realiza procedimientos dentro de un centro de salud, la clínica podría enfrentarse a consecuencias legales de gran alcance. Las sanciones contempladas bajo el nuevo marco normativo incluyen:

  • Suspensión temporal de servicios
  • Cancelación de la habilitación del establecimiento
  • Prohibición de ofrecer determinados servicios
  • Disolución de la persona jurídica en casos de omisión grave
  • Cierre definitivo del establecimiento

Además, el nuevo Código Penal establece multas de hasta 1,500 salarios mínimos para las personas jurídicas que incurran en violaciones graves, una cifra que convierte el incumplimiento normativo en un riesgo financiero y operativo de primer orden para cualquier institución de salud privada en el país.

Por qué las clínicas ya no podrán alegar ignorancia ante una mala práctica

Uno de los cambios más significativos que introduce esta legislación es la obligación expresa de las clínicas de demostrar que contaban con mecanismos activos de prevención antes de que ocurriera cualquier incidente. Raful fue enfático al señalar que el único mecanismo de defensa disponible para una institución será probar que tomó todas las medidas necesarias para evitar los hechos, a través de entrenamiento constante y sistemas de supervisión independientes.

En términos concretos, el nuevo marco legal exigirá que los centros de salud acrediten la existencia de:

  • Programas permanentes de cumplimiento normativo
  • Capacitación continua del personal médico y administrativo
  • Auditorías internas periódicas
  • Protocolos de supervisión documentados y verificables

Esta exigencia transforma la lógica de la responsabilidad institucional: ya no bastará con reaccionar ante un error, sino que las clínicas deberán demostrar que actuaron preventivamente. La carga de la prueba, en este esquema, recae sobre la institución y no sobre el paciente afectado.

El trasfondo constitucional que impulsa la reforma

Raful subrayó que esta transformación legislativa responde a un mandato constitucional concreto. El artículo 61 de la Constitución dominicana establece el derecho a la salud como un derecho fundamental, y el nuevo Código Penal busca adecuar la legislación nacional a los estándares internacionales de responsabilidad para personas jurídicas, cerrando una brecha que durante años permitió que las instituciones operaran con escasa rendición de cuentas ante casos de negligencia.

El abogado también llamó la atención sobre un fenómeno que ha crecido de forma preocupante: el número de establecimientos que ofrecen procedimientos médicos sin cumplir con los requisitos legales mínimos. Bajo el nuevo Código Penal, esta práctica podría derivar directamente en sanciones penales y en el cierre definitivo de esos centros, sin posibilidad de recurrir a argumentos de desconocimiento normativo.

En ese sentido, Raful fue claro al señalar que el debate público no debería centrarse en blindar a los médicos de demandas, sino en fortalecer los protocolos internos y garantizar que tanto los profesionales como las instituciones actúen conforme a la normativa vigente. La mala práctica, en definitiva, tiene un costo que el nuevo ordenamiento jurídico dominicano ya no está dispuesto a dejar sin consecuencias institucionales. Para conocer más sobre el marco regulatorio del sector salud en el país, puede consultar el portal del Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana.

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