By La justicia dominicana dio un paso firme contra la corrupción interna: la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó este miércoles la prisión preventiva del fiscal Aurelio Valdez Alcántara, quien enfrenta cargos por haber solicitado presuntamente un soborno de US$10,000 durante una entrega controlada. La decisión consolida una medida que ya pesaba sobre el funcionario desde mayo y que su defensa intentó revertir sin éxito.
Lo que reveló la audiencia sobre el fiscal Aurelio Valdez
Durante la audiencia, el Ministerio Público estuvo representado por el procurador adjunto Wilson Camacho, acompañado de los fiscales Andrés Mena y Eduardo Velázquez. La postura institucional fue clara y sin concesiones: los representantes del órgano acusador solicitaron que se mantuviera la medida de coerción vigente, argumentando que no han variado las circunstancias que justificaron su imposición original.
Frente a esa posición, la defensa del imputado intentó una maniobra procesal para aliviar las condiciones de detención, pero no prosperó. La jueza Nancy María Joaquín Guzmán, de la Instrucción Especial, rechazó la solicitud de sustituir la prisión preventiva por tres meses de detención en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, ubicado en San Cristóbal. Como resultado, Valdez Alcántara permanece bajo la medida original, y la magistrada programó la próxima revisión para el 3 de septiembre.
La magnitud del caso: Rolex, Mercedes-Benz y US$200,000 en juego
Los cargos que pesan sobre el fiscal Aurelio Valdez van mucho más allá de los US$10,000 de la entrega controlada. Según las acusaciones formales, el funcionario habría exigido inicialmente US$200,000 a una persona que se encontraba bajo investigación, cifra que posteriormente negoció a la baja hasta US$150,000. El cuadro acusatorio se completa con un detalle que ilustra la audacia del presunto esquema: Valdez Alcántara habría manifestado interés en recibir, además del dinero, un reloj marca Rolex y un vehículo Mercedes-Benz como parte del pago.
Las imputaciones incluyen la violación de varios artículos del Código Penal Dominicano, así como de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, lo que eleva considerablemente la gravedad jurídica del expediente. La aplicación de esta última normativa sugiere que el Ministerio Público no trata el caso como un episodio aislado de corrupción, sino como parte de una conducta con implicaciones más profundas.
- Monto inicial exigido: US$200,000
- Monto negociado: US$150,000
- Monto de la entrega controlada: US$10,000
- Bienes adicionales solicitados: reloj Rolex y vehículo Mercedes-Benz
- Leyes presuntamente violadas: Código Penal Dominicano y Ley 155-17
- Próxima revisión de medida: 3 de septiembre
Un caso que sacude la credibilidad del sistema judicial
El proceso contra el fiscal Aurelio Valdez se inscribe en un contexto de creciente escrutinio sobre la integridad de los operadores de justicia en la República Dominicana. Que un miembro del propio Ministerio Público —institución encargada de perseguir la corrupción— sea procesado por solicitar sobornos a personas bajo investigación representa una contradicción institucional de primer orden. La ratificación de la prisión preventiva por parte de la Corte de Apelación envía una señal de que el sistema está dispuesto a aplicar las mismas reglas a quienes lo integran.
El caso seguirá su curso con la revisión programada para septiembre, pero la decisión de hoy cierra, al menos por ahora, cualquier posibilidad de que Valdez Alcántara enfrente el proceso en libertad o bajo condiciones más favorables. Para más información sobre el marco normativo aplicado, puede consultarse la legislación vigente en el portal del Ministerio Público de la República Dominicana.
