By La Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) solicitó formalmente una extensión de cuatro meses para concluir su investigación y presentar la acusación en el caso SeNaSa, uno de los procesos por corrupción de mayor envergadura que se ventilan actualmente en la justicia dominicana. La petición fue dirigida al juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Deiby Peguero, y pone en evidencia que las indagatorias están lejos de cerrarse.
El caso SeNaSa y los RD$15 mil millones que lo definen
En el centro de la solicitud está la operación Cobra, el expediente que destapó un presunto esquema de corrupción al interior del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). Según el Ministerio Público, los imputados habrían sustraído más de RD$15 mil millones de los fondos de la institución, una cifra que por sí sola explica la magnitud del interés público generado por el proceso.
Entre los principales señalados figura Santiago Marcelo Hazim, exdirector de SeNaSa, quien junto a otros implicados enfrenta cargos por su presunta participación en la estructura criminal que habría operado dentro del organismo. La acusación formal, sin embargo, aún no ha sido presentada, y es precisamente ese paso el que Pepca necesita más tiempo para consolidar.
Lo que revela la prórroga: nuevos implicados en el horizonte
Wilson Camacho, director de Persecución del Ministerio Público, fue quien explicó públicamente las razones detrás de la solicitud. Según Camacho, las investigaciones apuntan a que podrían existir nuevos involucrados en el caso, lo que obliga a extender las indagatorias antes de cerrar el expediente acusatorio. Esta revelación añade una capa de complejidad al proceso y sugiere que la red investigada podría ser más amplia de lo que se conoce hasta ahora.
La posibilidad de nuevos implicados no es un detalle menor. En investigaciones de esta naturaleza, ampliar el círculo de acusados requiere recabar evidencia adicional, practicar diligencias complementarias y garantizar que cada señalamiento esté respaldado por elementos probatorios sólidos. Precipitar la acusación sin completar ese trabajo podría comprometer la solidez del caso ante los tribunales.
Entre los elementos que el Ministerio Público deberá consolidar en los próximos meses se encuentran:
- La identificación y vinculación de posibles nuevos imputados al esquema.
- La documentación completa del flujo de los RD$15 mil millones presuntamente sustraídos.
- Las diligencias pendientes relacionadas con la operación Cobra.
- La construcción del expediente acusatorio formal contra todos los señalados.
Un proceso bajo la lupa pública
La solicitud de prórroga en el caso SeNaSa llega en un contexto de alta expectativa ciudadana. El hecho de que los fondos comprometidos provengan del sistema de salud —una institución que administra recursos destinados a la cobertura médica de miles de dominicanos— ha convertido este expediente en un termómetro de la voluntad del Estado para perseguir la corrupción en sus niveles más altos.
La Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa tiene ahora cuatro meses —si el juez Peguero aprueba la extensión— para presentar una acusación que esté a la altura de la investigación que la precede. El reloj corre, y con él, la atención de un país que espera respuestas sobre uno de los presuntos desfalcos más grandes de su historia reciente.
