By El Gobierno de la República Dominicana ha intensificado sus operaciones de control sobre los comercios chinos que operan en el país, respondiendo a denuncias acumuladas de organizaciones empresariales que alertan sobre competencia desleal, evasión tributaria y condiciones laborales irregulares. Lo que comenzó como una serie de inspecciones puntuales se ha convertido en una ofensiva coordinada que involucra a al menos cinco instituciones del Estado y que ya arroja cifras concretas de impacto fiscal.
Los números que revelan la magnitud del problema
La Dirección General de Aduanas (DGA) reportó la recuperación de RD$1,652 millones en impuestos no declarados durante el primer semestre del año, como resultado de revisiones a 389 importadores asiáticos. El dato es elocuente por sí solo: representa un promedio superior a los RD$4.2 millones por importador revisado, una cifra que ilustra la escala de las irregularidades detectadas. Las intervenciones no se han limitado a los puertos y zonas primarias aduaneras; los técnicos de la DGA han llevado sus verificaciones directamente a los puntos de venta en Santo Domingo y Santiago, analizando registros contables y documentación comercial para cruzarlos con las declaraciones de importación. Esta estrategia de rastreo posdespacho permite identificar discrepancias que de otro modo quedarían ocultas una vez que la mercancía sale de la aduana.
En agosto de 2025, la DGA ya había sancionado a cinco establecimientos de origen chino ubicados en La Romana y Santo Domingo Este por irregularidades en la declaración de mercancías, con verificaciones de inventarios y revisión de la legalidad de las importaciones. Esas acciones anticipaban la escala que tomaría el operativo en los meses siguientes.
Comercios chinos bajo la lupa de múltiples instituciones
La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) también ha desplegado fiscalizaciones sobre negocios con capital chino. Su director, Pedro Urrutia, precisó que las investigaciones incluyen posibles vínculos con el lavado de activos, lo que eleva el nivel de gravedad de los hallazgos más allá del incumplimiento tributario ordinario. Las autoridades han insistido en que estas medidas no apuntan contra una nacionalidad específica, sino contra contribuyentes que incumplen las normas fiscales, independientemente de su origen.
El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) sumó su propia acción al operativo con la incautación de más de 30,000 mercancías ilícitas en diversos comercios chinos, entre las que se encontraban bebidas alcohólicas premium, medicamentos y cigarrillos sin los permisos correspondientes. Por su parte, el Ministerio de Trabajo realizó en junio de 2025 una inspección en 13 tiendas de la avenida Duarte que arrojó 330 violaciones relacionadas con condiciones laborales, lo que derivó en cierres temporales por incumplimientos legales. El Ministerio de Vivienda y Edificaciones también ha intervenido en establecimientos de capital chino por irregularidades en permisos de construcción y seguridad, con algunos locales que permanecen cerrados mientras tramitan su regularización.
Lo que el comercio dominicano perdió en una década
Detrás de los operativos institucionales hay una transformación comercial que los gremios describen como alarmante. Iván García, presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC), señaló que en la avenida Duarte y Mella, de los 91 negocios tradicionales que existían, hoy solo quedan siete. En Santiago, aseguró que aproximadamente el 95% de los comercios de repuestos en las calles Del Sol y 30 de Marzo son operados por comerciantes chinos. Estas cifras grafican la velocidad con que se ha reconfigurado el tejido comercial en las principales arterias del país y explican la presión que los gremios han ejercido sobre el Gobierno para actuar.
El director de Aduanas, Nelson Arroyo, fue explícito sobre el objetivo de fondo: proteger las recaudaciones del Estado y garantizar condiciones de competencia equitativa para todos los operadores del mercado. Desde el sector empresarial chino, representantes manifestaron su disposición a ajustarse a las normativas vigentes y rechazaron que las irregularidades de algunos establecimientos deban afectar la percepción de toda su comunidad empresarial. La Dirección General de Aduanas continúa con sus operativos de verificación, en lo que se perfila como una política de fiscalización sostenida y no como una intervención puntual.
