By La República Dominicana acaba de dar un paso que pocos gobiernos de la región han dado: mediante el decreto 787-26, el presidente Luis Abinader aprobó el Código de Ética de la Inteligencia Artificial para los Servicios Públicos, un marco normativo de cumplimiento obligatorio que regula cómo el Estado puede —y no puede— usar algoritmos en sus decisiones. No es una declaración de intenciones. Es ley, con plazos, prohibiciones concretas y un órgano de vigilancia.
Lo que prohíbe el Código de Ética y por qué sacude al sector público
El núcleo más disruptivo de la normativa no está en lo que ordena hacer, sino en lo que veda de forma absoluta. El Código de Ética prohíbe expresamente la vigilancia masiva indiscriminada y el perfilamiento criminal predictivo, dos prácticas que ya operan en varios países bajo el paraguas de la «seguridad pública» sin ningún control democrático. Que una norma las nombre y las elimine del menú de opciones del Estado dominicano es, en sí mismo, un hecho político de primer orden.
Además, el decreto introduce evaluaciones de impacto ético obligatorias antes del despliegue de cualquier sistema algorítmico en la administración pública. Esto significa que ninguna institución podrá activar una herramienta de inteligencia artificial sin haber documentado previamente sus riesgos sobre derechos fundamentales. El estándar no es local: se alinea con los marcos establecidos por la UNESCO y la OCDE, dos organismos que llevan años construyendo los pilares de la gobernanza ética de la IA a escala global.
El Consejo Nacional de IA y los 180 días que definen el cumplimiento
Para que el Código de Ética no quede en papel, el decreto crea el Consejo Nacional de Ética de la Inteligencia Artificial, un órgano consultivo y de coordinación que integra a instituciones estatales junto a representantes del Foro Multiactor de Gobierno Abierto. La inclusión de academia y sociedad civil en este consejo no es un gesto simbólico: garantiza un escrutinio externo continuo sobre cómo el Estado implementa sus sistemas tecnológicos.
La iniciativa fue impulsada a través de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC) y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), con el respaldo de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP). Esta arquitectura institucional distribuye la responsabilidad entre el brazo técnico y el brazo ético del Estado, evitando que la regulación quede capturada por un solo actor.
El reloj ya corre. Las entidades públicas tienen 180 días calendario para cumplir con un conjunto de obligaciones concretas:
- Ajustar sus procesos internos a los principios del Código de Ética.
- Registrar todos los sistemas tecnológicos actualmente en operación.
- Designar a los funcionarios responsables del cumplimiento normativo.
- Implementar las medidas necesarias para garantizar la transformación digital ética.
Ese plazo convierte la norma en una prueba de estrés institucional. Las entidades que no logren adaptarse en tiempo quedarán expuestas ante el Consejo Nacional y ante la opinión pública, lo que añade una presión política real al mandato legal.
Por qué este decreto posiciona a RD en la vanguardia regional
América Latina avanza de forma desigual en la regulación de la inteligencia artificial. Mientras algunos países debaten marcos voluntarios, la República Dominicana optó por un decreto con fuerza normativa inmediata, prohibiciones explícitas y mecanismos de supervisión multiactor. Ese salto cualitativo es lo que, según el propio Gobierno, sitúa al país a la vanguardia en gobernanza tecnológica centrada en derechos humanos.
El Código de Ética dominicano no resuelve todos los dilemas que plantea la IA en el sector público —ningún marco lo hace—, pero establece un piso mínimo exigible, transparente y verificable. En un contexto donde los algoritmos ya toman decisiones sobre acceso a servicios, asignación de recursos y perfiles de riesgo ciudadano, ese piso importa más de lo que parece.
