By El presidente Luis Abinader firmó el Decreto núm. 498-26 que establece la Comisión de Veeduría Ciudadana del Fideicomiso para la Gestión Integral de Residuos Sólidos, conocido como DO Sostenible. La medida apunta a reforzar la transparencia y la rendición de cuentas en uno de los sectores más sensibles de la gestión pública: el manejo de los residuos sólidos en el país.
Lo que revela el decreto sobre la Veeduría Ciudadana
El decreto se alinea con los principios constitucionales de transparencia, acceso a la información y participación ciudadana, y toma como marco normativo las leyes 200-04, 28-23 y 225-20, esta última conocida como la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos. No se trata de un órgano de control paralelo: la Comisión operará de forma consultiva y honorífica, sin sustituir las competencias de los entes estatales ya existentes. Su valor reside precisamente en representar una mirada externa, independiente y sin remuneración económica.
La coordinación de la Comisión recaerá en Alliet Ortega, y estará integrada además por Manuel García Arévalo, Giselle Pérez Reyes, Roberto Despradel Catrain y Ruth de los Santos. Todos fueron seleccionados con base en su independencia y la ausencia de conflictos de interés con el fideicomiso o sus operaciones. Como condición de participación, cada miembro deberá suscribir un compromiso ético que certifique esa independencia de forma expresa.
Funciones que definen el alcance real de la comisión
Más allá de su carácter honorífico, las atribuciones de la Comisión de Veeduría Ciudadana son concretas y medibles. Entre sus responsabilidades principales se encuentran:
- Dar seguimiento a la ejecución de los programas financiados por DO Sostenible, verificando que los recursos se destinen conforme a lo establecido en la Ley 225-20.
- Solicitar información relevante a las instituciones vinculadas al fideicomiso.
- Recibir y considerar observaciones provenientes de la ciudadanía.
- Emitir informes periódicos sobre su gestión, así como un informe anual que será publicado en la página web oficial del fideicomiso.
Este esquema de rendición de cuentas pública convierte a la Comisión en un mecanismo de presión institucional legítimo: sus hallazgos quedarán disponibles para cualquier ciudadano que quiera consultarlos, lo que añade una capa de escrutinio que va más allá del control interno del Estado.
Por qué esta decisión importa más allá del decreto
La creación de este organismo responde a una demanda histórica de la sociedad civil dominicana: que la gestión de los recursos públicos destinados al medioambiente no quede encerrada en los circuitos técnicos del gobierno. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Fideicomiso DO Sostenible y la Fiduciaria Reservas son las instituciones designadas para implementar las disposiciones del decreto, lo que garantiza que la cadena de responsabilidades quede claramente trazada desde el primer día.
En un contexto donde la gestión de residuos sólidos representa uno de los mayores desafíos ambientales y logísticos del país, la Veeduría Ciudadana no es un gesto simbólico. Es un instrumento que, bien utilizado, puede convertirse en referencia para otros fideicomisos públicos que aún operan sin mecanismos equivalentes de participación social. La pregunta que queda abierta es si la Comisión tendrá los accesos reales y la capacidad operativa para ejercer su mandato con la profundidad que la ley le exige.
