By La Veeduría Ciudadana llega al corazón de la gestión de residuos sólidos en República Dominicana. El presidente Luis Abinader firmó el Decreto núm. 498-26, que establece la Comisión de Veeduría Ciudadana del Fideicomiso para la Gestión Integral de Residuos Sólidos, conocido como DO Sostenible, con el propósito de garantizar transparencia y rendición de cuentas en uno de los sectores más sensibles de la gestión pública ambiental del país.
Lo que revela el decreto que sacude la gestión de residuos
El decreto no surge en el vacío. Se inscribe en un marco legal robusto que incluye la Ley 225-20 sobre Gestión Integral de Residuos Sólidos, la Ley 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública y la Ley 28-23 sobre Fideicomiso Público. Juntas, estas normas configuran el andamiaje jurídico sobre el que descansa la nueva comisión, respondiendo además a principios constitucionales que obligan al Estado a fomentar la participación ciudadana y el acceso a la información.
La iniciativa busca, en esencia, cerrar la brecha entre la ejecución institucional y el escrutinio de la sociedad civil. Hasta ahora, el seguimiento a los programas financiados por DO Sostenible recaía exclusivamente en los órganos internos del fideicomiso. Con este decreto, se abre un canal formal de vigilancia externa, independiente y de carácter honorífico, que no sustituye las competencias del Consejo del Fideicomiso ni de otros entes de control del Estado, pero sí añade una capa adicional de fiscalización ciudadana.
Quiénes integran la Comisión de Veeduría Ciudadana y por qué importa
La composición de la comisión fue diseñada con criterios de independencia y solvencia moral. Será coordinada por Alliet Ortega e integrada por Manuel García Arévalo, Giselle Pérez Reyes, Roberto Despradel Catrain y Ruth de los Santos. Todos fueron seleccionados por la ausencia de conflictos de interés con el fideicomiso y por su trayectoria reconocida en sus respectivos ámbitos.
Antes de asumir sus funciones, cada miembro deberá firmar un compromiso ético que garantiza su independencia, su deber de confidencialidad y la inexistencia de vínculos que puedan comprometer su criterio. Este requisito no es un formalismo menor: es la garantía de que la veeduría operará con la autonomía necesaria para ser creíble ante la ciudadanía.
- Alliet Ortega — Coordinadora de la Comisión
- Manuel García Arévalo — Miembro
- Giselle Pérez Reyes — Miembro
- Roberto Despradel Catrain — Miembro
- Ruth de los Santos — Miembro
Las funciones que definen el alcance real de la veeduría
El decreto detalla con precisión las atribuciones de la nueva comisión, evitando ambigüedades que pudieran limitar su efectividad. Entre sus funciones principales se encuentran el seguimiento a la ejecución física y financiera de los programas del fideicomiso DO Sostenible, la verificación del uso adecuado de los recursos públicos y la facultad de solicitar información relevante a las entidades involucradas.
Además, la comisión podrá recibir observaciones directas de ciudadanos, lo que convierte a este órgano en un puente real entre la sociedad y la administración del fideicomiso. Sus hallazgos se plasmarán en informes periódicos y en un informe anual de veeduría que será publicado en el sitio web oficial de DO Sostenible, garantizando así el acceso público a sus conclusiones.
- Seguimiento a la ejecución física y financiera de los programas
- Verificación del uso adecuado de los recursos
- Solicitud de información a entidades vinculadas
- Recepción de observaciones ciudadanas
- Emisión de informes periódicos y un informe anual público
- Formulación de recomendaciones para fortalecer la transparencia
El decreto ordena además que la medida sea comunicada formalmente al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al Fideicomiso DO Sostenible y a Fiduciaria Reservas para su ejecución inmediata. La Veeduría Ciudadana queda así activada como un mecanismo permanente de control social sobre uno de los fideicomisos públicos de mayor impacto ambiental en el país.
