By El expediente judicial que mantiene a Santiago Hazim bajo prisión preventiva sumó un nuevo compás de espera. El Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional aplazó para el 5 de agosto la audiencia de revisión obligatoria de la medida de coerción impuesta al exdirector del Seguro Nacional de Salud y a otros imputados en el caso Senasa, uno de los procesos por corrupción administrativa de mayor seguimiento público en la República Dominicana.
Lo que explica el aplazamiento en el caso Senasa
La resolución fue emitida por el juez Deiby Timoteo Peguero, quien determinó posponer el examen de la prisión preventiva de 18 meses que pesa sobre Santiago Hazim y los demás acusados. Durante la audiencia, se expuso que la postergación obedece a la necesidad de evaluar nuevos elementos relacionados con el proceso antes de adoptar una decisión sobre la continuidad o modificación de la medida cautelar.
Este aplazamiento no es el primero en el historial del caso. En abril, el mismo juzgado había mantenido la prisión preventiva al concluir que no habían variado las razones que la justificaron en su momento. En esa oportunidad, el tribunal fijó como fecha para la siguiente revisión obligatoria el 30 de julio de 2026, plazo que ahora se recorre al 5 de agosto tras la suspensión de la audiencia más reciente.
La medida cautelar, además, ya superó un primer filtro de impugnación: la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazó los recursos presentados por las defensas y confirmó la prisión preventiva, lo que refuerza el peso jurídico que el Ministerio Público ha logrado sostener hasta ahora sobre los imputados.
Tensión entre defensas y Ministerio Público tras la suspensión
El aplazamiento no pasó sin controversia. Tras conocerse la suspensión, abogados de algunos imputados deslizaron públicamente que el Ministerio Público podría estar buscando concretar nuevos acuerdos en el proceso penal, una afirmación que el órgano acusador desmintió de forma categórica. La defensa de Santiago Hazim también rechazó esa versión, señalando que no refleja la realidad del proceso judicial en curso.
El episodio pone en evidencia la tensión que rodea cada movimiento procesal en este expediente. Las defensas, por su parte, han aprovechado el debate para recordar las disposiciones del Código Procesal Penal que regulan los plazos de revisión de las medidas de coerción, argumentando que el tribunal debe actuar dentro de los límites temporales que la ley establece. Se trata de un punto que podría ganar relevancia si los aplazamientos se acumulan sin una decisión de fondo.
- La prisión preventiva de 18 meses fue ratificada por la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
- En abril, el juzgado mantuvo la medida al no encontrar cambios en las circunstancias que la motivaron.
- Las defensas alegan que los plazos del Código Procesal Penal deben ser respetados por el tribunal.
- El Ministerio Público desmintió que esté negociando nuevos acuerdos con los imputados.
Qué se decidirá el 5 de agosto sobre Santiago Hazim
La audiencia reprogramada para el 5 de agosto tendrá un objetivo concreto: determinar si persisten las razones que justifican la prisión preventiva de Santiago Hazim y los demás acusados, o si el tribunal considera que la situación procesal amerita sustituirla por una medida menos severa. Ambas partes podrán presentar sus argumentos y el juez resolverá conforme a los elementos disponibles.
El trasfondo del caso sigue siendo de alto impacto institucional. Según reportes judiciales previos, el Ministerio Público atribuye a los imputados la creación de una presunta red que habría defraudado al Estado dominicano en perjuicio del Seguro Nacional de Salud, entidad que concentra la cobertura médica de cientos de miles de trabajadores del sector público. La magnitud de las acusaciones explica por qué cada audiencia, incluso las que concluyen sin una decisión definitiva, genera seguimiento mediático y ciudadano. Hasta que exista una sentencia firme, Santiago Hazim y los demás acusados mantienen la presunción de inocencia que garantiza el ordenamiento jurídico dominicano.
