By Banreservas rechazó la solicitud de embargo retentivo contra los fondos de la JCE, bloqueando así un intento de la sociedad comercial Latin Events, LLC de retener más de RD$108 millones de la Junta Central Electoral. La decisión del banco estatal no cierra el caso, sino que lo traslada a una batalla judicial que ya tiene fecha y escenario: la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
Por qué Banreservas se negó a inmovilizar los fondos de la JCE
El banco fundamentó su rechazo en dos pilares legales: la Ley 86-11 y la sentencia 0048-2015 del Tribunal Constitucional, ambos instrumentos que prohíben expresamente a las entidades de intermediación financiera inmovilizar fondos públicos salvo que exista una sentencia definitiva y firme. Esa condición, según explicó la propia JCE, no se cumple en el auto mediante el cual se solicitó el embargo retentivo.
La solicitud de Latin Events, LLC apuntaba a retener RD$108,720,000 de las cuentas de la Junta en Banreservas. La empresa sustentó su petición en la ejecución local de una sentencia emitida por un tribunal estadounidense, que declaró a la JCE responsable por supuesto incumplimiento contractual. Sin una sentencia definitiva reconocida en el país, sin embargo, el banco no tenía base legal para proceder.
Lo que revela la apelación presentada por la JCE
La Junta Central Electoral no esperó a que el proceso avanzara sin su intervención. El 16 de julio de 2026, interpuso formalmente un recurso de apelación contra el auto emitido el 29 de junio de 2026 por la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, que había acogido la solicitud de homologación de sentencia extranjera presentada por Latin Events, LLC. La notificación fue dirigida a la empresa para que comparezca ante la Cámara de lo Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
El argumento central de la JCE es contundente: la institución sostiene que nunca asumió la obligación reclamada por la empresa y que no existe evidencia de aprobación ni autorización por parte del Pleno o del presidente de la Junta para la adquisición de los supuestos servicios que Latin Events dice haber prestado. En otras palabras, la JCE niega que el contrato en disputa haya seguido los canales institucionales requeridos.
Este punto no es menor. La institución enfatiza que el asunto se vincula directamente con el orden público de la debida contratación pública, lo que obliga a que sea evaluado por el juez del exequátur antes de que cualquier sentencia extranjera pueda adquirir fuerza ejecutoria en territorio dominicano. Se trata, en esencia, de un filtro soberano: ningún fallo foráneo puede ejecutarse en el país si contradice principios fundamentales del ordenamiento jurídico local.
Los puntos clave del conflicto entre la JCE y Latin Events
- Latin Events, LLC solicitó la retención de RD$108,720,000 de los fondos de la JCE en Banreservas.
- La solicitud se basó en una sentencia emitida por un tribunal estadounidense por supuesto incumplimiento contractual.
- Banreservas rechazó el embargo amparándose en la Ley 86-11 y la sentencia 0048-2015 del Tribunal Constitucional.
- La JCE apeló el auto de homologación el 16 de julio de 2026.
- La institución niega haber autorizado los servicios reclamados por la empresa.
Lo que se decide ahora en la Corte de Apelación
El proceso entra ahora en su fase más determinante. La Junta Central Electoral deberá demostrar ante la Corte de Apelación del Distrito Nacional que la homologación de la sentencia extranjera no procede, precisamente porque el contrato que la origina nunca fue debidamente autorizado por los órganos competentes de la institución. Si la apelación prospera, la sentencia estadounidense no podrá ejecutarse en el país y los fondos de la JCE quedarán protegidos.
Si, por el contrario, la Corte confirma la homologación, Latin Events, LLC tendría vía libre para retomar sus gestiones de cobro con respaldo judicial dominicano. En ese escenario, la JCE tendría que explorar instancias superiores o mecanismos adicionales de defensa. Por ahora, la institución reafirmó su compromiso con la transparencia y la correcta utilización de los fondos públicos, dejando claro que defenderá su posición en cada etapa del proceso judicial.
