By El Partido Revolucionario Moderno (PRM) enfrenta un callejón legal sin salida: su intención de extender el mandato del PRM de sus autoridades internas choca directamente con los límites que imponen la Constitución dominicana y la ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos. Lo que comenzó como una crisis de consenso interno se ha convertido en un problema de legalidad que la Dirección Ejecutiva deberá resolver esta semana.
Lo que revela el fracaso de la Comisión de Consenso
En los últimos días, el PRM emitió un comunicado en el que reconoce implícitamente que la llamada “Comisión de Consenso” —creada para resolver la selección de nuevas autoridades territoriales mediante acuerdos internos— fracasó en su cometido. Ante ese escenario, el partido propuso a la Convención Nacional extender el mandato de la dirección nacional por hasta un (1) año y el de las estructuras territoriales y sectoriales por hasta dos (2) años, argumentando que el contexto económico, social e internacional constituye una causa de fuerza mayor.
Deligne Ascención, secretario de organización del PRM, confirmó en una reciente entrevista que esta semana la Dirección Ejecutiva se reunirá para definir la ruta a seguir, incluyendo la convocatoria de organismos y una posible reforma de los estatutos. Sin embargo, el camino legal que tiene por delante es considerablemente más estrecho de lo que la propuesta sugiere.
El mandato del PRM frente a la Constitución y la ley 33-18
El núcleo del problema reside en una contradicción normativa de difícil resolución. El estatuto del PRM establece que la duración de las autoridades a nivel nacional, local y del exterior será de cuatro (4) años, en concordancia con la ley 33-18 y la Constitución dominicana. Cualquier extensión de ese período sin las debidas modificaciones al marco legal vigente se consideraría una violación directa de ambas normativas.
La Junta Central Electoral, organismo rector de los procesos electorales internos de los partidos, supervisa el cumplimiento de estas disposiciones. La ley 33-18, en su Artículo 28, exige que los partidos renueven su dirección mediante mecanismos democráticos y dentro de los períodos fijados por sus propios estatutos. Más aún, establece que los mandatos internos no deben exceder el período consagrado constitucionalmente para los cargos de elección popular.
Por su parte, el Artículo 21 del estatuto del PRM permite aplazar la Convención Nacional Ordinaria únicamente ante una causa extrema debidamente aprobada por la Dirección Ejecutiva. Esto significa que, incluso si el partido logra justificar la fuerza mayor, modificar los estatutos para habilitar la extensión solicitada sería un paso necesario pero insuficiente si no va acompañado de una reforma a la ley 33-18 y, eventualmente, a la propia Constitución.
Lo que está en juego para el partido oficialista
Las implicaciones de esta situación van más allá de un debate interno. El PRM es el partido de gobierno, y cualquier decisión que tome en materia de renovación de autoridades quedará bajo el escrutinio de la oposición, la ciudadanía y los organismos electorales. Un movimiento que contravenga la ley 33-18 o la Constitución podría carecer de validez legal, dejando en una posición vulnerable a las autoridades que resulten de ese proceso.
Los escenarios que enfrenta la Dirección Ejecutiva esta semana son, en esencia, los siguientes:
- Convocar la Convención Nacional bajo las reglas estatutarias vigentes y celebrar elecciones internas en los plazos establecidos.
- Reformar los estatutos del partido para habilitar una extensión temporal, con el riesgo de que dicha reforma sea impugnada por no estar respaldada por la ley 33-18.
- Impulsar una reforma a la ley 33-18, un proceso que requiere mayoría legislativa y tiempo, recursos que el partido no tiene en abundancia en este momento.
El marco constitucional dominicano es claro en exigir que la conformación y operación de los partidos políticos esté alineada con los principios de democracia interna y transparencia. En ese contexto, la extensión del mandato del PRM sin el respaldo legal adecuado no solo sería cuestionable, sino potencialmente nula. La reunión de esta semana definirá si el partido oficialista encuentra una salida dentro de la ley o si decide asumir el riesgo político y jurídico de actuar al margen de ella.
