By Faride Raful, ministra de Interior y Policía, confirmó este miércoles que el Gobierno dominicano acatará la decisión del Tribunal Constitucional (TC) que declaró inconstitucional el decreto que regulaba los horarios para el expendio de bebidas alcohólicas en el país. El anuncio marca el inicio de un proceso legislativo que redefinirá las reglas de convivencia nocturna en la República Dominicana.
Lo que revela el fallo del Tribunal Constitucional
El TC declaró inconstitucional el Decreto 308-06, emitido en 2006 por el Poder Ejecutivo, que restringía los horarios de venta de bebidas alcohólicas en colmados, bares, discotecas y otros centros de diversión. La decisión no se basó en que la medida careciera de propósito legítimo, sino en un argumento de fondo: su permanencia indefinida no cuenta con el respaldo legal que exige la Constitución vigente.
Para evitar un vacío normativo inmediato, el tribunal estableció un plazo de dos años durante el cual el decreto de 2006 se mantendrá vigente. Ese margen de tiempo está pensado para que el Congreso Nacional elabore y apruebe una legislación formal que sustituya la norma cuestionada, aunque la nueva ley podría entrar en vigor antes de que venza ese plazo si el proceso legislativo avanza con celeridad.
Faride Raful y el compromiso de construir una ley moderna
Lejos de interpretar el fallo como un revés, Faride Raful lo presentó como una oportunidad para actualizar el marco normativo. La ministra indicó que el Gobierno trabajará de la mano con el Congreso Nacional en la creación de una nueva ley sobre la materia, con un enfoque participativo: se escuchará a la ciudadanía para desarrollar una normativa moderna y acorde con las necesidades reales del país.
Raful reafirmó además el compromiso del Ejecutivo con tres ejes fundamentales que guiarán la nueva legislación:
- La protección de la vida de los dominicanos.
- El fortalecimiento de la seguridad ciudadana.
- La garantía de una convivencia social equilibrada.
El planteamiento de la ministra apunta a superar el modelo de decreto ejecutivo —por naturaleza provisional y susceptible de cuestionamiento constitucional— y reemplazarlo por una ley que tenga el respaldo del Poder Legislativo y la legitimidad que otorga un proceso de consulta pública.
El contexto que explica la urgencia del cambio
El Tribunal Constitucional de la República Dominicana ha sido consistente en exigir que las restricciones a derechos y libertades estén sustentadas en leyes formales, no en decretos del Ejecutivo. El Decreto 308-06 había sobrevivido casi dos décadas como instrumento de regulación, pero su naturaleza reglamentaria lo dejaba expuesto a este tipo de impugnación.
La decisión abre un debate que va más allá de los horarios de los colmados: toca directamente la forma en que el Estado dominicano regula la convivencia nocturna, el comercio informal y la seguridad pública en zonas urbanas y rurales. El reto para el Gobierno y el Congreso será construir una ley que no solo supere el filtro constitucional, sino que también refleje las realidades de una sociedad que ha cambiado profundamente desde 2006. Faride Raful asumió ese desafío con un mensaje claro: el Gobierno no eludirá el mandato del TC, sino que lo convertirá en el punto de partida de una reforma más amplia.
