By La contratación docente en República Dominicana enfrenta un nuevo marco normativo, y las instituciones responsables de la formación del magisterio ya comenzaron a moverse. La directora ejecutiva del Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (INAFOCAM), Siullin Joa León, se reunió con el Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) para discutir las modificaciones que la nueva legislación impone sobre los procesos de contratación de programas de formación docente.
La ley que lo cambia todo: qué implica la Ley 47-25
El encuentro, celebrado en la sede de la ADP y presidido por su titular Eduardo Hidalgo, giró en torno a los cambios derivados de la Ley núm. 47-25 de Contrataciones Públicas. Esta normativa establece que los servicios académicos necesarios para ejecutar los programas de desarrollo profesional docente deben contratarse bajo los procedimientos que ella define, lo que representa un cambio sustancial respecto a los mecanismos anteriores.
Los representantes del INAFOCAM explicaron que la nueva legislación exige que los procesos de contratación docente cumplan con requisitos legales, técnicos, administrativos y financieros específicos, además de respetar los plazos establecidos. El objetivo declarado es garantizar la transparencia y la eficiencia en la gestión institucional, dos principios que históricamente han generado tensiones en el sector educativo dominicano cuando se trata de la asignación de programas de capacitación.
Siullin Joa León subrayó que la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), ente rector del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones, acompañará el proceso de adaptación institucional. Además, destacó que el INAFOCAM ya cuenta con un Oficial de Cumplimiento acreditado por la DGCP, cuya función es asegurar la correcta aplicación de la normativa y fortalecer los mecanismos de control interno.
Lo que revela el diálogo entre INAFOCAM y ADP
Más allá de los tecnicismos legales, la reunión tuvo un valor político y gremial significativo. Hidalgo y los miembros del Comité Ejecutivo Nacional de la ADP reconocieron la disposición al diálogo del INAFOCAM y valoraron positivamente haber sido informados sobre los cambios normativos que afectan directamente la formación ofrecida al magisterio. El presidente del sindicato reiteró que la capacitación de los docentes es la prioridad central de la organización y confirmó la disposición del gremio para colaborar con el instituto.
Por su parte, la directora del INAFOCAM reafirmó el compromiso institucional con el desarrollo profesional de los maestros y anunció que se publicarán nuevas convocatorias a medida que se completen los requerimientos legales que exige la Ley 47-25. Esto implica que los programas de formación podrían experimentar pausas o retrasos mientras las instituciones ajustan sus procedimientos internos al nuevo marco jurídico.
Al cierre del encuentro, el INAFOCAM agradeció la confianza del magisterio y ratificó su compromiso de seguir promoviendo una contratación docente transparente y una formación de calidad dentro del sistema educativo dominicano. Puede consultarse más información sobre los procesos de contratación pública en el portal de la Dirección General de Contrataciones Públicas.
Quiénes participaron en la mesa de diálogo
La reunión contó con una representación amplia de ambas instituciones, lo que refleja el peso que ambas partes otorgaron al encuentro. Por parte de la ADP, estuvieron presentes:
- Ángel Cuello
- Sixto Gabín
- Menegildo de la Rosa
- Rafael Féliz
- Miguel Ángel Fernández
- Franklin Ferreras
- Isaías Solano
- Miguel Jorge
- Primitiva Medina
- Adhamilka Espinal
- Zoraida Trinidad (Soledad)
- Cruz María Santana
- Nolberto Ortiz
Por el INAFOCAM participaron, además de la directora ejecutiva, el director administrativo y financiero Juan Rafael Espinal, el consultor jurídico José Ogando y el encargado de Planificación y Desarrollo Adrián Alcántara. La presencia del área jurídica y financiera del instituto subraya que los cambios en la contratación docente no son solo administrativos, sino que tienen implicaciones legales y presupuestarias de fondo que ambas partes deberán gestionar con cuidado en los próximos meses.
