By En un hecho sin precedentes en la historia reciente del sistema judicial dominicano, jueces paralizan este jueves los tribunales de la nación en una jornada de protesta que suspendió miles de audiencias y encendió las alarmas sobre el estado real del Poder Judicial. Vestidos de negro y portando pancartas frente al Palacio de Justicia de Santiago, cientos de magistrados y empleados judiciales convirtieron su silencio acumulado en un grito colectivo que el país no pudo ignorar.
Lo que desató la rebelión: abandono, sobrecarga y salarios insostenibles
La manifestación fue respaldada por más de 450 jueces y más de 2,000 servidores judiciales a nivel nacional, y fue definida por sus organizadores como un “grito desesperado” tras años de reclamos ignorados. La magistrada Esther Carolina Reyes Aracena, jueza sustituta de presidente en funciones del Segundo Tribunal Colegiado de Santiago, fue una de las voces que explicó el alcance del momento: “Este es un día histórico y trascendental para la judicatura nacional”, declaró, subrayando que el objetivo no es el caos, sino obligar a las autoridades a escuchar lo que llevan años denunciando.
Tras la concentración frente al Palacio de Justicia, los jueces y empleados se trasladaron a sus respectivos tribunales para realizar la cancelación simbólica de los roles de audiencia, oficializando así el paro nacional de 24 horas que impactó directamente miles de procesos judiciales pendientes en todo el territorio dominicano. La medida, coordinada y simultánea, dejó en evidencia el nivel de organización y hartazgo que existe dentro de la judicatura.
El manifiesto que jueces paralizan y que sacude al sistema
La jornada alcanzó su punto más alto con la lectura del “Manifiesto por la Dignidad de la Justicia” a cargo del magistrado Rubén Uceta, quien criticó duramente la gestión administrativa del Poder Judicial y describió un escenario de “crisis institucional” que ya no admite más demoras. “La justicia no puede sostenerse únicamente sobre vocación, sacrificio personal y compromiso individual. La justicia requiere condiciones materiales, humanas, salariales e institucionales”, expresó ante decenas de magistrados que respondían con aplausos.
El documento detalla un sistema judicial golpeado por múltiples frentes simultáneos:
- Falta de jueces y déficit estructural de personal
- Bajos salarios y desigualdad salarial interna
- Exceso de expedientes y cargas laborales calificadas de “inhumanas”
- Renuncias masivas que agravan la escasez de recursos humanos
- Inseguridad y deterioro de las infraestructuras físicas
La escasez de personal ha obligado a muchos empleados a asumir funciones equivalentes a las de dos, tres y hasta cuatro personas, mientras los magistrados gestionan volúmenes de trabajo que superan cualquier estándar razonable. No se trata de quejas aisladas: es una crisis sistémica que el manifiesto documenta con precisión.
El árbol de 11 millones y el gasto que nadie quería ver
Uno de los momentos más contundentes de la protesta fue cuando los jueces cuestionaron abiertamente el manejo del presupuesto institucional. A pesar de la precariedad en la que operan los tribunales, denunciaron que se destinan millones de pesos a gastos que calificaron de innecesarios. Entre los ejemplos citados, destacó el montaje de un árbol navideño valorado en cerca de 11 millones de pesos, además de gastos en publicidad, eventos, viajes, restaurantes e influencers. “No a la industrialización de la justicia. No a la desigualdad salarial. No a la dilapidación de recursos en privilegios y campañas publicitarias”, proclamó Uceta durante la lectura del manifiesto.
Los manifestantes también rechazaron las recientes propuestas del Consejo del Poder Judicial, catalogándolas de “imprecisas, condicionadas e ineficaces”, argumentando que carecen de plazos concretos y dependen de futuras aprobaciones presupuestarias que nadie garantiza. “Ya no es tiempo de diagnósticos ni de planificación; es tiempo de decisiones concretas y ejecutables”, advirtieron con firmeza.
Una protesta contra un modelo, no contra una persona
El manifiesto fue explícito en un punto que sus redactores consideraron fundamental: la protesta no apunta a ningún funcionario en particular, sino a “un modelo de gestión” que, según denunciaron, ha ignorado sistemáticamente los reclamos de jueces y servidores judiciales durante años. La distinción no es menor, porque convierte la movilización en una demanda estructural que trasciende cualquier cambio de nombre en la cúpula del sistema.
“Esto apenas es el inicio; no vamos a desmayar ni a dejarnos intimidar”, afirmaron los magistrados al cierre de la jornada, dejando abierta la puerta a nuevas acciones si sus demandas continúan sin respuesta. La advertencia es clara: cuando jueces paralizan tribunales en todo el país de forma coordinada, el mensaje no es solo para las autoridades judiciales, sino para el Estado dominicano en su conjunto. La judicatura ha decidido que el silencio ya no es una opción.
