By La reforma policial que impulsa el Gobierno dominicano es, según la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, la transformación más significativa que ha vivido la Policía Nacional en más de 90 años de historia institucional. Así lo afirmó la funcionaria al reconocer que la inseguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones ciudadanas, y al reafirmar el compromiso del Ejecutivo de continuar profundizando los cambios estructurales en la institución.
Lo que revelan los números de la reforma policial
Los datos que presenta el Ministerio de Interior y Policía son difíciles de ignorar. La Policía Nacional ha pasado de contar con 34,000 agentes a 46,200, un crecimiento que ha venido acompañado de un salto igualmente notable en la presencia en patrullaje: del 12% al 31%. No se trata solo de más efectivos en las calles, sino de una reconfiguración del modelo operativo que busca acercar la institución a los ciudadanos.
Uno de los pilares de este proceso es el Nuevo Modelo de Servicio y Patrullaje, cuya implementación en zonas piloto ha logrado una reducción del 35% en los robos. El modelo, que ha demostrado resultados concretos en las áreas donde se ha aplicado, se expandirá a 20 demarcaciones antes de que concluya el año. Este ritmo de despliegue refleja la urgencia con la que el Gobierno asume el reto de la seguridad pública.
El contexto más amplio también respalda el avance: la República Dominicana registra actualmente la tasa de homicidios más baja desde que existen estadísticas oficiales, un indicador que, aunque no puede atribuirse en exclusiva a la reforma, sí coincide con su implementación y refuerza la narrativa de cambio que defiende Raful.
Profesionalización y transparencia: el otro frente de la transformación
Más allá de los números operativos, la reforma policial apunta a cambiar la cultura interna de la institución. El Ministerio ha puesto en marcha un nuevo modelo de formación de dos años para los agentes, una apuesta por la profesionalización que contrasta con los esquemas de entrenamiento acelerado que históricamente han caracterizado el ingreso a la Policía Nacional.
A esto se suma la incorporación de 8,000 cámaras corporales (bodycams), una herramienta que no solo mejora la supervisión externa, sino que también modifica el comportamiento de los propios agentes al saber que sus actuaciones quedan registradas. Raful fue enfática al señalar que se aplica una política de cero tolerancia ante abusos policiales y que nunca antes se habían investigado y perseguido estos casos con tanta rigurosidad. Cualquier actuación irregular, afirmó, se pone a disposición del Ministerio Público para su investigación conforme a la ley.
Entre los mecanismos concretos de supervisión y coordinación institucional que se han puesto en marcha destacan:
- La creación de una Mesa Permanente de Validación de Datos junto al Ministerio Público y la Policía Nacional.
- La celebración de cerca de 500 Mesas Locales de Seguridad, Ciudadanía y Género durante el presente año.
- El fortalecimiento de la colaboración interinstitucional como eje transversal de la política de seguridad.
- Los avances en la institucionalización del Ministerio como órgano rector de las políticas de seguridad ciudadana.
Por qué la reforma enfrenta resistencias y qué está en juego
No todo el entorno es favorable. Raful reconoció abiertamente que existen sectores interesados en ver fracasar esta iniciativa de transformación. Sin identificarlos, la ministra dejó claro que la presión no detendrá el proceso y que el Ministerio actuará con transparencia, poniendo a disposición de la justicia a los agentes que cometan irregularidades y reforzando los mecanismos de evaluación interna.
La apuesta del Gobierno es construir una Policía más profesional, cercana y transparente, capaz de proteger a todos los dominicanos con independencia de su condición social o lugar de residencia. En ese sentido, la reforma policial no es solo una agenda de seguridad: es también una promesa de Estado que el Ejecutivo ha decidido sostener frente a las resistencias, los cuestionamientos y la presión de una ciudadanía que exige resultados tangibles en su vida cotidiana.
