By El presidente Luis Abinader firmó el Decreto núm. 502-26, una medida que convierte a la República Dominicana en un actor más activo en la lucha global contra el trabajo forzoso. La norma establece un procedimiento administrativo para prevenir, identificar y restringir la importación de mercancías producidas total o parcialmente bajo condiciones de explotación laboral, reforzando así los compromisos internacionales del país en materia de derechos humanos.
Lo que autoriza el Decreto 502-26 a la Dirección General de Aduanas
El decreto otorga a la Dirección General de Aduanas (DGA) facultades concretas y de amplio alcance. La institución podrá prohibir la importación de cualquier mercancía cuando se determine que fue producida mediante trabajo forzoso, sin importar en qué etapa del proceso aduanero se encuentre: ya sea en tránsito, en puertos dominicanos o bajo cualquier procedimiento previo a su entrada definitiva al territorio nacional.
Más allá de la prohibición, la DGA también quedará habilitada para ordenar la reexportación de esas mercancías hacia su país de origen o hacia otro destino autorizado. En los casos en que ninguna de esas opciones sea viable, la norma contempla la destrucción del cargamento o cualquier otra medida legal que corresponda. Esto cierra una brecha que existía en el marco regulatorio dominicano: hasta ahora, no había un procedimiento administrativo específico que articulara estas acciones de forma sistemática.
Adicionalmente, el decreto obliga a la DGA a mantener un registro administrativo actualizado de todas las mercancías cuya importación haya sido prohibida bajo esta normativa. Ese registro no solo servirá como herramienta de control interno, sino también como base de datos para la cooperación con organismos internacionales.
Por qué la coordinación interinstitucional es el eje del decreto
Uno de los elementos más relevantes de la norma es su enfoque interinstitucional. El decreto no deposita toda la responsabilidad en la DGA, sino que construye una red de control que involucra a varias entidades del Estado dominicano. Entre las instituciones convocadas figuran:
- Dirección General de Aduanas (DGA)
- Ministerio de Trabajo
- Ministerio Público
- Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
- Ministerio de Relaciones Exteriores
- Otras entidades competentes según el caso
Esta arquitectura institucional responde a la naturaleza compleja del problema: detectar trabajo forzoso en cadenas de suministro internacionales requiere inteligencia compartida, no acciones aisladas. La coordinación entre el brazo comercial, el laboral, el diplomático y el judicial del Estado es lo que puede hacer efectiva una norma de este tipo.
En esa misma línea, el decreto promueve el fortalecimiento de la cooperación internacional y el intercambio de información con organismos de otros Estados. La República Dominicana se alinea así con una tendencia global que ha ganado fuerza en los últimos años: países como Estados Unidos, con su Uyghur Forced Labor Prevention Act, y la Unión Europea, con su reglamento sobre trabajo forzoso, han establecido mecanismos similares que condicionan el acceso a sus mercados al cumplimiento de estándares laborales en origen. Puedes consultar los estándares internacionales de referencia en el sitio de la Organización Internacional del Trabajo.
El trabajo forzoso como barrera al comercio internacional legítimo
La firma de este decreto no es un gesto simbólico. Tiene implicaciones directas para los operadores de comercio exterior que importan mercancías hacia República Dominicana, especialmente aquellos que trabajan con proveedores en regiones donde el trabajo forzoso ha sido documentado por organismos internacionales. A partir de ahora, la DGA contará con una base legal clara para actuar sobre esos cargamentos, lo que eleva el estándar de debida diligencia que se espera de los importadores.
Para el gobierno de Abinader, la medida también tiene una dimensión de política exterior: demuestra que la República Dominicana está dispuesta a alinear su marco regulatorio con los estándares de sus principales socios comerciales, algo que puede tener consecuencias positivas en negociaciones de acceso a mercados y en la imagen del país como destino confiable para la inversión. El trabajo forzoso, en ese sentido, deja de ser solo un problema de derechos humanos para convertirse también en una variable de competitividad comercial.
