By El lunes 15 de junio, a las 3:00 de la tarde, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional leerá la sentencia del caso Coral, el proceso judicial más emblemático contra la corrupción militar en la historia reciente de la República Dominicana. Casi cinco años después de las primeras detenciones, el tribunal decidirá si condena o absuelve a una red de oficiales militares, policiales y civiles acusados de sustraer más de RD$4,500 millones del Estado dominicano.
El caso Coral ante su momento decisivo
El tribunal está presidido por la magistrada Gisselle Méndez y acompañado por las magistradas Tania Yunes y Jissel Naranjo. Sobre sus hombros recae una decisión que cierra formalmente un proceso que arrancó en abril de 2021 con las operaciones Coral y Coral 5G, y que desde entonces ha mantenido en el banquillo a figuras de alto rango del aparato de seguridad del Estado dominicano.
El principal imputado es el mayor general retirado Adán Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), quien en sus declaraciones finales del 16 de abril rechazó todas las imputaciones y sostuvo que “las pruebas no han podido sustentar estas acusaciones”. Sus defensores han pedido una sentencia absolutoria, argumentando que el Ministerio Público no logró desvirtuar la presunción de inocencia ni precisar hechos concretos.
Lo que pide el MP: penas, multas y decomiso de bienes
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), bajo la dirección de Mirna Ortiz, ha construido una acusación que apunta a desmantelar una estructura que operó desde varias instituciones del Estado. Las penas solicitadas reflejan la gravedad de los cargos imputados:
- Adán Cáceres Silvestre, general Juan Carlos Torres Robiou (exdirector del Cestur), general Julio Camilo de los Santos Viola y coronel Rafael Núñez de Aza: 20 años de prisión, multa de 400 salarios mínimos y decomiso de bienes.
- Rossy Guzmán Sánchez, conocida como “La Pastora”, y Kelman Santana Martínez: 15 años de prisión y multa de 300 salarios mínimos.
- Mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez, testigo clave y delator: cinco años de prisión con suspensión.
Además de las penas privativas de libertad, la fiscalía reclama el decomiso de bienes valorados en más de RD$773 millones en favor del Estado dominicano, respaldado en documentos, peritajes patrimoniales y el testimonio del delator Girón.
La red que revela el caso Coral: nóminas infladas y contratos simulados
Según la acusación, la estructura criminal utilizó el Cusep, el Cestur y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) como plataformas para operar. Los mecanismos identificados incluyen nóminas infladas, contratos simulados y el desvío sistemático de recursos públicos. Los cargos formales abarcan violación a la Constitución, coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco y lavado de activos.
En ese esquema, la fiscalía señala a la pastora Rossy Guzmán como un actor central en el encubrimiento y blanqueo de los fondos, un rol que la convierte en una de las figuras más controvertidas del proceso. La defensa, por su parte, ha cuestionado la solidez de las pruebas presentadas y ha insistido en que el Ministerio Público no ha logrado establecer vínculos concretos entre los imputados y los fondos desviados.
La sentencia del caso Coral no solo definirá el destino judicial de los encartados, sino que también pondrá a prueba la capacidad del sistema de justicia dominicano para procesar casos de corrupción de alto perfil con resultados concretos. Más información sobre el sistema de persecución de la corrupción en la República Dominicana está disponible en el portal oficial de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa.
