By Pro Consumidor ejecutó una de las destrucciones de alimentos no aptos más significativas registradas recientemente en el país. En coordinación con el Ministerio Público y el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles (CECCOM), la institución eliminó aproximadamente 20 toneladas de productos alimenticios vencidos, adulterados y no aptos para el consumo humano en la provincia de San Cristóbal, cerrando así el capítulo final de una operación que expuso una red de fraude alimentario con alcance potencial sobre miles de consumidores.
Lo que reveló la operación: fechas alteradas y reetiquetado fraudulento
Los productos destruidos no llegaron a ese punto por azar. Fueron decomisados tras una serie de inspecciones coordinadas que lograron desmantelar una estructura presuntamente dedicada a dos prácticas ilegales de alto riesgo sanitario: la alteración fraudulenta de fechas de vencimiento y el reetiquetado de alimentos para hacerlos pasar como productos vigentes. Ambas prácticas representaban una amenaza directa para la salud de los consumidores que adquirían esos productos sin saber que habían sido manipulados.
La magnitud del decomiso —cerca de 20 toneladas— da cuenta de la escala de la operación. No se trataba de un caso aislado de productos mal almacenados, sino de una red con infraestructura y métodos deliberados para devolver al mercado mercancía que ya no debía circular. La destrucción física de los alimentos fue diseñada precisamente para garantizar que esa mercancía no pudiera reintroducirse en la cadena de distribución bajo ninguna forma.
Pro Consumidor somete a la justicia al propietario de los establecimientos
El operativo no se limitó a la destrucción de los productos. Las autoridades arrestaron a Randy García, identificado como propietario de los establecimientos involucrados, quien fue sometido a la justicia y actualmente cumple una medida de coerción. Su detención marca un paso concreto hacia la judicialización de una práctica que, de no haberse interrumpido, habría continuado poniendo en riesgo la salud pública.
Las investigaciones permanecen abiertas. Las autoridades trabajan para determinar el alcance real de la operación fraudulenta y establecer si existen responsabilidades adicionales más allá del propietario ya detenido. La posibilidad de que la red contara con más actores o puntos de distribución no ha sido descartada, lo que convierte este caso en un proceso judicial aún en desarrollo.
- Productos decomisados: vencidos, adulterados y con fechas de vencimiento alteradas.
- Volumen destruido: aproximadamente 20 toneladas de alimentos.
- Detenido: Randy García, propietario de los establecimientos intervenidos.
- Situación legal: sometido a la justicia con medida de coerción vigente.
- Investigación: continúa para determinar el alcance total de la red.
El caso pone en primer plano el rol de Pro Consumidor como ente fiscalizador con capacidad operativa real. La institución no solo identificó la irregularidad, sino que coordinó con el Ministerio Público y CECCOM para llevar el proceso desde la inspección inicial hasta la destrucción definitiva de los productos y la judicialización del responsable. Más información sobre los mecanismos de protección al consumidor en la República Dominicana está disponible en el sitio oficial de Pro Consumidor.
