By El Ministerio Público ejecutó este miércoles una de las operaciones antifraude más contundentes de los últimos meses contra el sistema de salud dominicano. En el marco de la Operación SeNaSa, agentes del Estado llevaron a cabo 37 allanamientos simultáneos en varias provincias del país y detuvieron a al menos 28 personas, entre ellas médicos y farmacéuticos presuntamente involucrados en un esquema que desvió fondos del Seguro Nacional de Salud.
Lo que revela la Operación SeNaSa: cifras que sacuden el sistema
La investigación expuso un entramado delictivo que operó durante casi cuatro años sin ser detectado. Según la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), entre enero de 2021 y septiembre de 2024 se generaron 4,300 autorizaciones médicas falsas, lo que ocasionó un perjuicio financiero superior a RD$41 millones al erario público destinado a la salud.
El arquitecto central del fraude fue identificado como Ángel Luis Guzmán Vásquez, exauxiliar del departamento de autorizaciones de SeNaSa, quien manipuló los sistemas internos de la institución para emitir autorizaciones fraudulentas de forma sistemática. La estructura criminal que lideraba operaba con una lógica calculada: seleccionaba afiliados con poca interacción con la institución para garantizar que las irregularidades pasaran desapercibidas ante los controles internos.
Los allanamientos abarcaron localidades estratégicas, entre ellas:
- Distrito Nacional
- Santo Domingo
- Santiago
- Cotuí
- La Vega
Todos los operativos contaron con autorización de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, tras solicitud formal de la Pepca.
Cobra 2.0-A: por qué esta fase escala la presión sobre los implicados
La acción de ayer no es un hecho aislado. Se inscribe dentro de la Operación Cobra 2.0-A, una ofensiva mayor diseñada para desmantelar redes de corrupción que han penetrado instituciones del Estado dominicano. La Pepca, bajo la dirección de la procuradora Mirna Ortiz y con la colaboración del procurador adjunto Wilson Camacho, coordinó el operativo como parte de una política declarada de cero tolerancia ante actos de corrupción administrativa.
El antecedente inmediato es revelador: la primera fase de la Operación Cobra, iniciada en diciembre de 2025, ya había destapado un desfalco superior a 19,000 millones de pesos y resultó en la detención de varios exfuncionarios. La nueva fase amplía el radio de acción e incorpora actores del sector privado de la salud, lo que marca una escalada significativa en el alcance de las investigaciones.
El esquema delictivo no se limitó a empleados internos. Médicos, empresarios y particulares habrían participado activamente en el diseño de las maniobras fraudulentas, configurando una red que impactó negativamente al sistema de seguridad social en su conjunto. Entre los vinculados figuran familiares de Guzmán Vásquez, así como varios galenos cuya identidad no ha sido divulgada en su totalidad.
Abinader y el CMD: dos voces ante la misma crisis
El presidente Luis Abinader no tardó en pronunciarse. El mandatario reafirmó que su administración no tolerará irregularidades que perjudiquen los recursos destinados a la salud pública y advirtió que todos los implicados, independientemente de sus vínculos o posición, serán llevados ante la justicia. El mensaje apunta a blindar políticamente la operación y a enviar una señal clara a otros posibles actores dentro del sistema.
Desde el sector médico, la respuesta fue más cautelosa. El Colegio Médico Dominicano (CMD) anunció que dará seguimiento a esta nueva fase de la Operación SeNaSa, pero subrayó la importancia de respetar la presunción de inocencia y pidió cautela antes de hacer señalamientos públicos sobre los detenidos. La institución recordó que todos los implicados son inocentes hasta que se demuestre lo contrario ante los tribunales competentes.
La tensión entre la contundencia del operativo y el llamado a la prudencia del CMD refleja el peso institucional que tiene esta investigación: no solo pone en el banquillo a individuos, sino que cuestiona los mecanismos de control interno de una de las instituciones de salud más importantes del país. La Operación SeNaSa, en ese sentido, trasciende lo penal y abre un debate urgente sobre la transparencia en la gestión de los fondos públicos de salud.
