By La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) recibió un informe de la Cámara de Cuentas que documenta pagos irregulares por casi 200 millones de pesos realizados por Edesur a la empresa Servicio Nacional de Seguridad Integral S.R.L. (Senase), incluyendo desembolsos efectuados después de la expiración de un contrato y expedientes con documentación incompleta. El hallazgo se enmarca en la denominada Operación Lobo, una investigación que apunta a una presunta red de sobornos destinada a garantizar contratos con instituciones públicas.
Lo que revela el informe de la Cámara de Cuentas
La auditoría fue solicitada por PEPCA para revisar contratos y desembolsos relacionados con Senase en el período comprendido entre el 1 de marzo de 2017 y el 18 de marzo de 2025. El documento identifica el contrato 0215-2017, suscrito el 28 de septiembre de 2017, por un monto de 104 millones 727 mil 207 pesos, cuyo objeto era proveer servicios de vigilancia y seguridad a Edesur en distintas localidades del país. Modificaciones posteriores a ese contrato ajustaron tarifas por hora e incorporaron montos adicionales, ampliando el alcance económico del acuerdo original.
Lo que la Cámara de Cuentas encontró más allá de los números fue igualmente revelador: expedientes de pago con múltiples faltantes, entre ellos la ausencia de certificados de disponibilidad de fondos y recibos de bienes y servicios. Esas omisiones, que acumulan sumas de cientos de millones de pesos, comprometen la trazabilidad de los recursos públicos y evidencian una gestión contractual con controles insuficientes.
Pagos sin contrato vigente: el dato que lo cambia todo
Uno de los hallazgos más críticos del informe es que Edesur admitió haber realizado desembolsos sin un contrato vigente, argumentando que se trataba de un período de transición mientras se buscaban nuevos proveedores de seguridad. Sin embargo, la Cámara de Cuentas rechazó ese argumento: mantener la continuidad del servicio no justifica el uso de recursos públicos fuera de un marco contractual formal. La conclusión del organismo auditor es contundente y deja poco margen para la interpretación.
Según la acusación presentada por el Ministerio Público, Senase habría canalizado los sobornos mediante transferencias bancarias y pagos en efectivo entre 2012 y 2025, con el propósito de asegurar contratos con diversas instituciones del Estado, acelerar trámites administrativos y ejecutar servicios sin la supervisión adecuada. El esquema, de acuerdo con la Procuraduría, operó durante más de una década.
Catorce imputados y cuatro empresas en la mira
La Procuraduría ha formalizado acusaciones contra 14 personas, tanto físicas como jurídicas. Entre los imputados figuran Quilvio Bienvenido Rodríguez González, representante de Senase, y Carlos Ambrosio Robles Díaz, exdirector de Seguridad de Edesur, dos figuras que la investigación sitúa en el centro del esquema de corrupción.
Las cuatro personas jurídicas incluidas en la acusación son:
- Servicios Senase
- El Niño Prodigio EIRL
- Magestym Waste & Recycling Company SA
- Magesty Recycling SRL
La presencia de empresas de reciclaje entre los imputados sugiere una estructura societaria diseñada para dispersar los flujos financieros y dificultar el rastreo de los pagos irregulares, aunque la investigación deberá determinar el rol específico de cada entidad en el esquema.
Lo que la Operación Lobo pone en evidencia
La Operación Lobo no es solo un caso de corrupción aislado: es una señal de alerta sobre los mecanismos de supervisión contractual en el sector público dominicano. Las irregularidades identificadas por la Cámara de Cuentas en Edesur apuntan a una práctica sistemática en la que la ausencia de controles formales permitió que los pagos continuaran fluyendo más allá de los límites legales. La Cámara de Cuentas de la República Dominicana cumplió en este caso su rol fiscalizador al documentar con precisión las fallas en la ejecución presupuestaria, aportando evidencia clave para el proceso judicial que ahora avanza en manos de PEPCA.
El caso plantea preguntas que trascienden a los imputados: ¿cuántos contratos públicos operan bajo condiciones similares? La respuesta, si llega, podría redefinir los estándares de auditoría y contratación en las empresas distribuidoras de energía y en el Estado en sentido amplio.
