By La muerte de Hansel “Boca Negra” este viernes en Samaná cerró una semana marcada por una cadena de operativos policiales que acumulan ya ocho fallecidos en distintos puntos del país. El sospechoso, señalado por la Policía Nacional como presunto responsable de herir a dos agentes en hechos separados, fue abatido cuando se encontraba escondido en un edificio del sector Honduras, según reportes preliminares de la institución.
Por qué la Policía llevaba días buscando a Boca Negra
La persecución de “Boca Negra” había comenzado el domingo anterior, luego de un incidente en el que resultaron heridos dos miembros de la DICRIM: el cabo William Antonio Jesús Heredia y el mayor Andrés Pascual. Este último recibió un disparo en la cabeza mientras participaba directamente en la persecución del sospechoso, lo que convirtió su captura en una prioridad institucional. Durante el operativo del viernes en Samaná, las autoridades ocuparon una pistola Glock en el lugar del enfrentamiento.
El desenlace de este caso se inscribe en una secuencia de muertes registradas entre el jueves y el viernes en diferentes zonas del territorio nacional, incluyendo Los Alcarrizos, Cabral, Gaspar Hernández y Santo Domingo, todas reportadas por la Policía como resultado de supuestos intercambios de disparos con individuos vinculados a hechos delictivos.
El hilo que conecta estos operativos: la balacera de Boca Chica
Uno de los episodios que marcó el inicio de esta cadena ocurrió el 12 de septiembre, cuando una balacera en el sector Los Coquitos, en Boca Chica, cobró la vida del exponente urbano Diddy Glow, cuyo nombre real era Jesús Alexis Delgado Ortiz, y de Jonathan Villanueva, alias «Cotuí». Otras cinco personas resultaron heridas en ese ataque.
Las investigaciones derivadas de ese suceso condujeron a la muerte de cuatro hombres identificados por la Policía como vinculados al caso:
- Michael Junior Rodríguez Peguero, alias «Michael Peluche»
- Un hombre identificado únicamente como «Enger»
- Wender Alcántara, alias «El Compa» o «La Muerte»
- Deivi Rosado Durán, apodado «El Gordo» o «El Fantasma de Guindo»
Cada uno de estos casos fue reportado como un enfrentamiento armado, aunque las circunstancias exactas de cada muerte deberán ser evaluadas a la luz de las investigaciones formales y las pruebas disponibles.
Lo que revela el caso Mejía-Ricart: cuando el sospechoso llega vivo ante la justicia
No todos los episodios recientes terminaron con un fallecido. El 22 de septiembre, un tribunal dictó tres meses de prisión preventiva para Jhonny González, acusado por el Ministerio Público de tentativa de homicidio en un robo agravado contra Gustavo Adolfo III Mejía-Ricart Risk, de 23 años. Según la investigación, González persiguió a la víctima hasta el lobby de la torre donde residía en el sector Serrallés y la hirió en varias ocasiones con un cuchillo.
El imputado fue trasladado a Najayo Hombres mientras continúa el proceso judicial. La víctima, por su parte, ya había recibido el alta médica y se encontraba en recuperación al momento de la audiencia. El padre del joven, Gustavo Mejía-Ricart, calificó el ataque como «un atraco al azar» y descartó públicamente versiones que atribuían el hecho a otros motivos. La identificación y arresto del sospechoso fue posible gracias al rastreo de cámaras de seguridad del edificio.
Este contraste resulta significativo: mientras en varios operativos recientes los buscados terminaron muertos en circunstancias que la Policía Nacional describe como enfrentamientos, el caso Mejía-Ricart demuestra que la cadena investigativa puede conducir a un arresto y a un proceso judicial transparente. La diferencia entre ambos desenlaces es precisamente lo que organismos de derechos humanos y la opinión pública seguirán observando con atención en las próximas semanas. Puede consultarse el historial de operativos y comunicados oficiales en el portal de la Policía Nacional Dominicana.
Con la muerte de “Boca Negra” confirmada, la institución policial queda en deuda con la ciudadanía respecto a una versión oficial detallada del enfrentamiento en Samaná. El balance de ocho fallecidos en operativos recientes exige que cada caso sea documentado con rigor, y que las versiones institucionales sean contrastadas con evidencias independientes que permitan establecer con claridad cómo ocurrieron los hechos.
