By La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) instó a que el arroz sea tratado como un producto sensible dentro de las negociaciones comerciales de la región, advirtiendo que cualquier decisión sobre su importación debe nacer de un proceso de diálogo amplio con todos los sectores involucrados. La recomendación llega en un momento de tensión para República Dominicana, que ha decidido negociar la eliminación de aranceles al arroz proveniente de países centroamericanos en el marco de un acuerdo de libre comercio.
La sensibilidad del arroz que pone en alerta a la CEPAL
El secretario ejecutivo de la CEPAL, Manuel Salazar, fue directo al señalar que el arroz no puede ser tratado como una mercancía ordinaria en la mesa de negociaciones. Su postura parte de un principio claro: hay productos cuyo impacto económico, social y cultural va mucho más allá de su precio en el mercado internacional. El arroz, en el contexto caribeño y latinoamericano, es uno de ellos.
Salazar subrayó la necesidad de consultar a los distintos sectores vinculados a la cadena productiva del grano, desde los agricultores hasta los consumidores, así como de incorporar la perspectiva de los gobiernos en cada etapa del proceso. Para el funcionario, saltarse ese paso no solo es un error técnico, sino un riesgo político y social de consecuencias difíciles de revertir.
“Una recomendación de la CEPAL es más que un proceso: primero, reconocer que son productos sensibles y, segundo, asegurar que el resultado y el acuerdo final sean fruto de un diálogo”, afirmó Salazar. La frase resume una posición institucional que la CEPAL ha sostenido en distintos escenarios de integración regional: la apertura comercial no puede ignorar las asimetrías productivas entre países.
Lo que revela la decisión dominicana sobre el libre comercio
La advertencia de la CEPAL tiene un destinatario concreto: República Dominicana, que ha avanzado en negociaciones para eliminar los aranceles establecidos a la importación de arroz procedente de naciones centroamericanas, en el marco de un acuerdo de libre comercio vigente. Esta decisión ha generado preocupación entre productores locales, que temen no poder competir con los precios del grano importado una vez que desaparezcan las barreras arancelarias.
El sector arrocero dominicano es uno de los más sensibles del agro nacional. Involucra a miles de familias productoras, especialmente en regiones como el Cibao, y representa un componente central de la seguridad alimentaria del país. Abrir ese mercado sin un proceso de consulta y adaptación gradual podría traducirse en pérdidas de empleos rurales, abandono de tierras cultivables y una mayor dependencia de las importaciones para un alimento básico de la dieta dominicana.
- El arroz es uno de los principales cultivos del agro dominicano.
- La eliminación arancelaria afectaría directamente a productores del Cibao y otras regiones agrícolas.
- La CEPAL recomienda que el proceso incluya consulta a agricultores, industriales y representantes gubernamentales.
- El acuerdo de libre comercio con Centroamérica es el marco en el que se inscribe la negociación.
Desde la perspectiva de la CEPAL, el problema no es la apertura en sí misma, sino la velocidad y la forma en que se implementa. Un proceso negociado con plazos de transición, mecanismos de compensación y participación real de los afectados puede hacer la diferencia entre una integración que fortalece y una que desplaza.
El contexto regional donde se enmarca la propuesta
Las declaraciones de Salazar se produjeron en vísperas de la Cuadragésima primera reunión del período de sesiones de la CEPAL, un espacio donde los gobiernos de América Latina y el Caribe examinan el trabajo realizado por el organismo, aprueban el programa de trabajo institucional y debaten las estrategias de desarrollo e inserción de la región en la economía global. Es, en ese sentido, uno de los foros de mayor peso técnico y político del continente en materia económica.
Que la CEPAL elija ese escenario para pronunciarse sobre la sensibilidad del arroz no es casual. El organismo envía una señal a los gobiernos de la región: los acuerdos comerciales deben construirse sobre diagnósticos rigurosos y procesos participativos, no solo sobre la lógica de la apertura por la apertura. En un contexto donde la desigualdad rural sigue siendo uno de los grandes desafíos de América Latina, proteger los eslabones más vulnerables de las cadenas productivas no es proteccionismo, es política pública responsable.
