By El gasto afiliados al sistema de salud dominicano crece de forma silenciosa cada vez que un paciente llega a un centro médico sin saber exactamente cuánto pagará al salir. Lo que parece una consulta de rutina puede convertirse en una cadena de cobros adicionales que, sumados, erosionan la economía familiar. Un caso reciente en Santo Domingo ilustra con precisión cómo la falta de transparencia en la facturación médica y el cobro de insumos por fuera de la normativa vigente se han convertido en una práctica que afecta a miles de afiliados al régimen contributivo.
La consulta que reveló una discrepancia de precios
María —nombre ficticio utilizado para proteger su identidad— acudió a un centro médico privado en Santo Domingo para realizarse una tomografía de senos paranasales. No era un estudio de urgencia: se trataba de un control programado aproximadamente un año después de una cirugía por un mucocele en el seno paranasal izquierdo, una condición que le había generado problemas respiratorios. Aunque en un principio asumió que debería cubrir el costo completo del procedimiento —dado que ya había realizado una tomografía en abril—, el estudio estaba dentro de la cobertura de su seguro en el régimen contributivo.
El proceso de facturación tomó apenas 15 minutos, pero lo que emergió en ese tiempo fue una discrepancia que dejó a la paciente sin una respuesta clara sobre cuánto debía pagar. El centro médico fijó el precio de la tomografía axial computarizada (TAC) en RD$3,000, de los cuales RD$2,165.68 estaban cubiertos por el Seguro Familiar de Salud (SFS). Eso dejaba una diferencia inicial de RD$834.32 a cargo de la paciente.
Sin embargo, la autorización emitida por la Administradora de Riesgos de Salud (ARS) indicaba un precio distinto para el mismo procedimiento: RD$2,707.10. Con esa cifra como base y la cobertura de RD$2,165.68, el copago que correspondería según la autorización sería de aproximadamente RD$541.42. La diferencia entre ambos montos —RD$292.90— no es enorme, pero plantea una pregunta que el sistema no responde con facilidad: ¿cuál es el precio real del procedimiento y qué conceptos están incluidos en él?
Cobro de insumos al margen de normativa: el gasto afiliados que nadie ve venir
La duda de María la llevó a preguntar directamente en el centro médico qué conceptos estaban incluidos en el precio del estudio y cuáles podrían ser cobrados de forma adicional. La respuesta no fue concluyente. Un experto en seguridad social, consultado para analizar el caso, identificó el patrón con claridad: algunos centros médicos están desglosando y cobrando por separado determinados insumos utilizados durante los procedimientos, una práctica que no está alineada con la normativa que regula el sistema de salud dominicano.
Esta modalidad de facturación fragmentada tiene un impacto directo sobre el gasto afiliados. De forma aislada, cada cargo adicional puede parecer menor —un material de contraste, un insumo desechable, un reactivo—, pero la acumulación a lo largo del tiempo, a través de consultas, estudios, medicamentos y procedimientos, representa una carga económica real para los pacientes. El especialista subrayó que la falta de claridad sobre qué incluye exactamente el costo de un procedimiento médico es un problema recurrente que el sistema no ha resuelto.
- El precio del TAC en el centro médico: RD$3,000
- Cobertura del Seguro Familiar de Salud (SFS): RD$2,165.68
- Copago según precio del centro médico: RD$834.32
- Precio autorizado por la ARS para el mismo procedimiento: RD$2,707.10
- Copago según autorización de la ARS: aproximadamente RD$541.42
- Diferencia entre ambos precios: RD$292.90
Lo que el sistema no explica y el paciente no puede anticipar
El caso de María expone una tensión estructural dentro del sistema de salud: los precios que maneja el establecimiento médico y los que reconoce la aseguradora no siempre coinciden, y el paciente queda atrapado en esa brecha sin información suficiente para tomar decisiones. La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), ente regulador del sistema, establece parámetros para la facturación de procedimientos cubiertos por el SFS, pero la aplicación de esas reglas en los puntos de atención no siempre es uniforme.
El problema no es exclusivo de las tomografías. Procedimientos de distinta complejidad, desde análisis de laboratorio hasta intervenciones quirúrgicas, pueden estar sujetos a la misma lógica de cobros adicionales por insumos que, en teoría, deberían estar incluidos en el precio del servicio. El resultado es un sistema donde el gasto afiliados real supera con frecuencia lo que la cobertura del seguro promete cubrir, y donde la transparencia en la facturación sigue siendo una deuda pendiente con los pacientes dominicanos.
Mientras esa brecha no se cierre con regulación efectiva y mecanismos de información claros, casos como el de María seguirán siendo la norma y no la excepción. El cobro de insumos al margen de la normativa no es solo un problema administrativo: es una barrera real al acceso equitativo a la salud.
