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Santiago Peña no acude al Senado y envía abogados

Santiago Peña no acude al Senado y envía abogados

Santiago Peña, presidente de Paraguay, optó este viernes por no comparecer ante el Senado en el marco del juicio político en su contra y delegó su defensa en dos abogados, una decisión que profundiza la crisis institucional desatada por el escándalo del cierre de Ueno Bank.

Lo que reveló la ausencia de Santiago Peña en el Senado

Los letrados Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda llegaron al pleno del Senado a las 13.00 horas locales (16.00 GMT) para ofrecer la defensa que el propio mandatario se negó a presentar en persona. Su arribo se produjo después de que la cámara rechazara el pedido de prórroga de 72 horas que Peña había solicitado para preparar su estrategia, argumentando que el plazo de 12 horas fijado por el Senado era insuficiente. La negativa a ampliar el tiempo fue interpretada como una señal de que los senadores no estaban dispuestos a ceder terreno ante un presidente que ya había presentado su renuncia sin que esta fuera procesada.

La situación de Peña es, cuanto menos, paradójica: permanece formalmente en el cargo porque el Congreso no alcanzó el quórum necesario para pronunciarse sobre su dimisión, presentada un día antes. Detrás de esa falta de quórum no hubo casualidad, sino una maniobra deliberada de los legisladores oficialistas para bloquear la sesión destinada a votar la renuncia y activar el proceso de sucesión.

El derrumbe de Ueno Bank y el origen de la crisis

El epicentro de la tormenta política es el cierre de Ueno Bank, ordenado por el Banco Central de Paraguay (BCP) tras detectar que el índice de solvencia de la entidad había caído por debajo del 50 % del mínimo exigido por la regulación. El deterioro se produjo a raíz de ajustes en sus estados financieros, lo que encendió todas las alarmas sobre la solidez de una institución que administraba los fondos de más de 2,9 millones de clientes.

El vínculo que conecta a Santiago Peña con el banco no es menor: la entidad recibió importantes recursos públicos durante su gestión al frente del Ejecutivo, lo que convirtió su colapso en un asunto de responsabilidad política directa. Ese nexo fue el detonante del juicio político convocado de urgencia por el Congreso, que busca determinar si el presidente debe ser destituido por su papel en el affaire.

  • El índice de solvencia de Ueno Bank cayó por debajo del 50 % del mínimo legal.
  • El banco gestionaba los ahorros de más de 2,9 millones de clientes.
  • La entidad recibió recursos públicos durante la administración de Peña.
  • El BCP ordenó el cierre tras detectar irregularidades en los estados financieros.

Por qué Peña busca evitar la destitución a toda costa

La clave para entender la resistencia de Santiago Peña a abandonar el cargo está en las consecuencias jurídicas que conlleva una destitución parlamentaria. Si el Senado lo remueve del poder mediante el juicio político, Peña perdería automáticamente sus fueros como senador vitalicio, una condición que en Paraguay corresponde a los expresidentes y que le otorga inmunidad frente a posibles acciones legales futuras. Conservar ese escudo es, según analistas políticos locales, la razón de fondo detrás de cada movimiento del mandatario en estos días.

La maniobra de los legisladores oficialistas para impedir el quórum en la sesión de renuncia responde a esa misma lógica: si Peña renuncia y el Congreso acepta la dimisión, el proceso de sucesión se activa de forma ordenada, pero si es destituido, pierde los fueros. Mantenerlo en un limbo institucional, formalmente en el cargo pero políticamente vaciado, es la estrategia que su entorno ha desplegado para ganar tiempo.

Paraguay atraviesa así una de las crisis institucionales más agudas de los últimos años, con un presidente que envía abogados en lugar de comparecer, un Congreso que no logra procesar ni la renuncia ni la destitución, y millones de ahorristas afectados por el colapso bancario que originó todo. Para seguir la evolución del proceso, el Senado de Paraguay publica en su sitio oficial las actas y resoluciones del juicio político en curso.

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