By El Código Penal dominicano volverá a ser objeto de modificación antes de que concluya la actual legislatura, que dispone de apenas dieciocho días para actuar. La presión de sectores que se han sentido amenazados por la Ley 74-25 terminó por forzar una respuesta formal del Congreso, en un proceso que mezcla urgencia institucional, tensión política y un reloj legislativo que no se detiene.
Código Penal en la mira: lo que llevó a la Cámara a actuar
Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, convocó a los voceros de los partidos representados en el hemiciclo para anunciar que recibirán propuestas de organizaciones, gremios y entidades de la sociedad civil que han expresado preocupación por varios artículos de la nueva legislación. El anuncio no llegó desde el pleno, sino a través de una conferencia de prensa, una decisión que no pasó desapercibida y que algunos legisladores replicaron con sus propias ruedas de prensa para reiterar lo ya dicho.
El interés por revisar el Código Penal no es nuevo en el Congreso. Intentos anteriores no prosperaron con la seriedad requerida, pero la inminencia de su entrada en vigor —fijada para el 3 de agosto de 2026— cambió el cálculo político. Pacheco precisó que los esfuerzos para alcanzar consenso comenzaron el viernes anterior al anuncio, tras consultas entre el gobierno y la oposición sobre la necesidad de abordar el tema desde ambas cámaras. La comisión coordinadora quedó encargada de recoger las inquietudes de los legisladores y trazar una ruta de solución.
Los artículos que sacuden el debate y lo que se busca corregir
El presidente de la Cámara fue explícito en delimitar el alcance de la revisión: temas como las causales del aborto quedan fuera de la discusión, respetando lo que describió como el sentir mayoritario. Tampoco se procederá artículo por artículo, una metodología que consideró contradictoria con el objetivo de eficiencia legislativa. El foco estará en disposiciones concretas que han generado alarma en sectores médicos, periodísticos y empresariales.
Entre los cambios que se plantean sobre el Código Penal, destacan los siguientes:
- Eliminación de los artículos 310 y 311, que tipifican el delito de ultraje contra funcionarios públicos.
- Supresión de las penas de prisión por difamación e injuria, sustituyéndolas por multas y compensación civil.
- Prohibición del cierre de medios de comunicación como sanción.
- Procesamiento de médicos únicamente en casos de faltas graves, eximiendo a quienes carezcan de insumos, equipos o medicamentos, y estableciendo que un resultado adverso no bastará para determinar culpabilidad.
- Aclaración de que el ejercicio legítimo del periodismo, las protestas pacíficas y las denuncias de buena fe no constituirán difamación extorsiva.
- Revisión de la responsabilidad jurídica de las empresas y de disposiciones que juristas han calificado como excesivamente punitivas.
Varios de estos puntos ya se encuentran en manos del Tribunal Constitucional, tras recursos presentados por el Colegio Médico Dominicano y otros actores sociales. La intención del Congreso es adelantarse al fallo del tribunal y corregir las inconsistencias desde la propia fuente legislativa, lo que le daría mayor solidez jurídica a los cambios.
Quiénes podrán presentar propuestas y qué riesgos enfrenta el proceso
Las academias universitarias, los gremios profesionales, las organizaciones de la sociedad civil y los operadores del sistema de justicia podrán someter propuestas fundamentadas durante este período legislativo. No se estableció un plazo específico, aunque se asume que parte de las iniciativas ya han sido procesadas judicialmente y solo requerirían tramitación en la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados no precisó un calendario formal para las audiencias o consultas.
El debate sobre el Código Penal arrastra consigo un riesgo colateral que preocupa a varios legisladores: que la atención legislativa quede absorbida por esta discusión, postergando otras reformas pendientes como la del Código Laboral. El tiempo es escaso, la agenda es densa y la controversia que históricamente rodea a esta legislación —por su impacto directo sobre el derecho fundamental a la libertad— garantiza que cada sesión será seguida de cerca tanto por actores institucionales como por la opinión pública. Lo que ocurra en los próximos dieciocho días definirá si el Congreso logra cerrar este capítulo con consenso real o si el debate se traslada, sin resolver, a la próxima legislatura.
