By El Consejo de Ministros aprobó este jueves el Proyecto de Ley de Presupuesto 2027, que asciende a 2,036,844.2 millones de pesos, en una sesión presidida por el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña. La propuesta, que será remitida al Congreso Nacional antes del primero de octubre, establece un marco de gasto orientado al desarrollo del capital humano, la infraestructura y la sostenibilidad fiscal en un contexto de crecimiento económico sostenido.
Lo que revela el Presupuesto 2027 en cifras
El documento presentado por el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, junto al ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, el viceministro de Ordenamiento Territorial, Domingo Matías, y el director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, proyecta ingresos de RD$1,510,574.5 millones, equivalentes al 15.7 % del PIB, frente a un techo de gasto de RD$1,837,856.0 millones, que representa el 19.2 % del PIB.
Las estimaciones macroeconómicas que sustentan la propuesta contemplan un crecimiento del PIB real de 4.75 % y una inflación promedio de 4.5 %. El ministro Díaz subrayó que la formulación se produce en un entorno de resiliencia económica, con reservas internacionales que superan los USD 15,000 millones y niveles de inflación reducidos, lo que permite al Gobierno mantener un déficit fiscal razonable sin sacrificar la inversión social.
Uno de los datos que distingue esta propuesta es el comportamiento del gasto de capital, que proyecta un aumento del 19.7 % respecto al presupuesto inicial de 2026, mientras que el gasto corriente crecerá un 12.3 %. La diferencia entre ambas tasas de crecimiento refleja una apuesta deliberada por la inversión productiva sobre el gasto operativo.
Educación, salud e infraestructura: los ejes que mueven el gasto
El Presupuesto 2027 da continuidad a la Política Presupuestaria aprobada en julio, organizando las asignaciones en torno a los objetivos de Meta RD 2036 y las diez metas prioritarias del Gobierno. El ministro Paliza destacó que las erogaciones reflejan la decisión de priorizar inversiones que fomenten el desarrollo y mejoren la calidad de vida de la población dominicana.
En materia educativa, se mantiene el compromiso de asignar el 4 % del PIB al sector, con énfasis en el Plan Decenal de Educación Horizonte 2034. En salud y protección social, los recursos se destinarán a la finalización de hospitales estratégicos, la mejora de las Unidades de Atención Primaria y la expansión de la Red Nacional de Emergencias, además de la continuidad del programa habitacional Mi Vivienda.
La inversión en infraestructura ocupa un lugar central en la propuesta. Entre los proyectos priorizados se encuentran:
- El monorriel de Santiago de los Caballeros
- La ampliación de la Línea 2 del metro de Santo Domingo
- Autopistas y sistemas de transporte integrado
- Proyectos de agua potable y mejoramiento de viviendas
A estos ejes se suma el fortalecimiento de la seguridad jurídica e institucional, con mayores fondos asignados al Poder Judicial y a los programas de seguridad ciudadana, completando así los cuatro pilares sobre los que descansa la arquitectura del presupuesto: capital humano, capital físico, productividad e institucionalidad.
El plan de ordenamiento territorial que acompaña la propuesta
En la misma sesión del sexagésimo Consejo de Ministros, el Gobierno conoció el anteproyecto de Ley del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, que también será remitido al Congreso Nacional. La iniciativa busca establecer un marco normativo que promueva una ocupación más racional y sostenible del territorio, incorporando criterios de sostenibilidad ambiental y adaptación al cambio climático.
La presentación conjunta de ambas iniciativas legislativas —el Presupuesto 2027 y el Plan de Ordenamiento Territorial— no es casual. Juntas configuran una visión de mediano plazo en la que el gasto público y la planificación del territorio se alinean bajo los mismos principios de sostenibilidad y desarrollo equilibrado. El proyecto presupuestario deberá ser aprobado por el Ministerio de Hacienda y el Congreso antes de que entre en vigor, siguiendo el proceso constitucional establecido para la aprobación del Presupuesto General del Estado.
