By Los cuatro hombres acusados del robo y asesinato en la residencia del merenguero Julián Oro Duro podrían enfrentar hasta 60 años de prisión, el tope máximo que establece el nuevo Código Penal dominicano para la acumulación de penas. Aunque los delitos imputados suman más de 70 años en conjunto, la legislación vigente fija ese límite como techo absoluto, lo que convierte este caso en una de las acusaciones penales más graves registradas en los últimos meses contra ciudadanos comunes en el país.
Los cuatro imputados y los cargos que los acechan
Los acusados fueron identificados como Kevin Dariel Germán Troncozo, Michael Tejada Vásquez, Lawrence Mark Liranzo Marcos, apodado “Chiquito”, y Juan Carlos Hernández García. El Ministerio Público les imputa una batería de delitos cometidos en perjuicio del artista y de su esposa, Zeneida Socorro Castillo, quien perdió la vida durante el asalto a la vivienda. Los cargos incluyen:
- Asociación de malhechores para cometer homicidio
- Tentativa de homicidio
- Robo agravado
- Tortura y actos de barbarie
- Porte ilegal de armas
La acusación sostiene que los imputados actuaron de forma coordinada, con planificación previa y con el objetivo deliberado de ejecutar infracciones graves. Esa coordinación es precisamente lo que sustenta el cargo de asociación de malhechores, que por sí solo puede acarrear entre dos y tres años de prisión bajo el nuevo marco legal.
Lo que revela el Código Penal sobre las penas acumuladas
El delito más grave de la acusación es el homicidio agravado, que el nuevo Código Penal dominicano sanciona con penas de entre 30 y 40 años de prisión cuando se comete bajo circunstancias específicas, como la premeditación o el ensañamiento. A ese cargo se suman los actos de tortura y barbarie, penados con entre 10 y 20 años dependiendo del daño causado a la víctima, y el robo agravado, cuya sanción oscila entre uno y 20 años según las condiciones en que se ejecutó.
La suma aritmética de todos estos delitos supera los 70 años de privación de libertad, pero el ordenamiento jurídico dominicano establece que ninguna condena puede exceder los 60 años de cárcel, independientemente de cuántos cargos se acumulen. Ese límite, lejos de ser una atenuante, representa la pena más severa que puede imponer un tribunal en el país, y es precisamente la que el Ministerio Público busca aplicar en este caso.
La audiencia aplazada y los 43 elementos de prueba
El juez Leomar Cruz, de la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este, aplazó la audiencia de solicitud de medida de coerción para el próximo miércoles. La fiscalía pide prisión preventiva para los cuatro imputados y respalda esa solicitud con 43 elementos de prueba, entre los que figuran testimonios directos y objetos incautados durante los allanamientos realizados en las residencias de los acusados.
La solidez del expediente presentado por el Ministerio Público anticipa una audiencia de alta tensión. La defensa deberá argumentar contra un volumen de evidencia considerable si pretende evitar que sus representados permanezcan detenidos durante el proceso. El caso, que sacudió al mundo del merengue y a la opinión pública dominicana, entra ahora en su fase judicial más determinante, con Julián Oro Duro como víctima sobreviviente y testigo clave de los hechos que costaron la vida a su esposa.
