By El presidente de la Junta Directiva de la Asociación Dominicana de Rehabilitación (ADR), Celso Marranzini, salió al paso de las dudas generadas por el reciente ajuste en el costo de algunos servicios de la institución. Su mensaje fue directo: las tarifas ADR no impactan a los pacientes y, según garantizó, tampoco lo harán en el futuro. La aclaración llega en un momento en que la institución atiende entre 6,000 y 7,000 personas diarias en su red nacional de centros.
Lo que revelan las tarifas ADR y a quién afectan realmente
Marranzini precisó que el incremento tarifario solo alcanza al 10% de los pacientes que acuden a la institución sin cobertura de seguro médico. Incluso en esos casos, la ADR activa un mecanismo de protección: los pacientes son referidos de inmediato al departamento de Trabajo Social, donde se evalúa su situación económica y se determina si procede una exoneración total del pago.
“Cuando esos pacientes llegan, van a Trabajo Social. Si no tienen cómo pagar, se les exonera. Este mes hemos registrado 3 millones en exenciones”, detalló el directivo. La cifra no es menor: refleja el volumen de casos que la institución absorbe sin trasladar el costo al usuario, sosteniendo un modelo de atención que prioriza el acceso sobre la recuperación financiera.
El mismo principio se aplica en procedimientos quirúrgicos. Cuando el seguro de un paciente no cubre el monto total de una cirugía de alto costo, la Asociación Dominicana de Rehabilitación asume la diferencia. “La atención se asegura independientemente de si el paciente tiene seguro o no”, enfatizó Marranzini, dejando claro que la capacidad de pago no es una condición de acceso al servicio.
Más allá de la clínica: el reto de la empleabilidad que nadie resuelve
La postura de Marranzini no se limitó a defender la política tarifaria. El presidente de la ADR aprovechó el espacio para plantear una dimensión que suele quedar fuera del debate sobre rehabilitación: la reinserción laboral. Para la institución, recuperar la salud de un paciente es solo la mitad del trabajo; la otra mitad es devolverlo al mercado laboral como un miembro productivo.
“El paciente debe ser atendido de manera óptima, pero también debemos considerar su empleabilidad”, explicó, subrayando que la inserción laboral sigue siendo uno de los mayores obstáculos para la inclusión social de las personas con discapacidad en el país. La advertencia tiene peso institucional: la ADR proyecta ofrecer 2 millones de consultas durante este año, lo que convierte la empleabilidad de sus egresados en un asunto de escala nacional.
En ese marco, Marranzini lanzó un llamado directo tanto al sector público como al privado para que cumplan con las cuotas de contratación establecidas por la legislación dominicana. Las cifras que la ley exige son:
- Un 5% de los puestos en instituciones del sector público.
- Un 2% de las plazas en empresas privadas.
“Todos tienen limitaciones, aunque algunas son más visibles que otras”, agregó Marranzini, en una frase que resume la filosofía de inclusión que la institución defiende desde su red de centros. El cumplimiento de estas cuotas, señaló, no es solo una obligación legal, sino una condición necesaria para que el trabajo clínico de la ADR tenga un impacto real y duradero en la vida de quienes pasan por sus instalaciones. Más información sobre los servicios disponibles puede consultarse en el sitio oficial de la Asociación Dominicana de Rehabilitación.
