By La avalancha de propuestas no se hizo esperar. Un total de 84 entidades y actores sometieron observaciones para modificar el nuevo Código Penal, una cifra que obligó a la Cámara de Diputados a posponer la sesión prevista para el jueves y a reprogramar la discusión y votación de los cambios para este viernes. El volumen de iniciativas recibidas hasta las 6:00 de la tarde del miércoles dejó en evidencia que el proceso de reforma, con más de 25 años de debate parlamentario a sus espaldas, aún genera una presión institucional sin precedentes.
Por qué la Cámara de Diputados no pudo sesionar el jueves
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, explicó en rueda de prensa que la sesión se llevará a cabo en la mañana del viernes, aunque la hora exacta aún no ha sido confirmada. Pacheco reconoció que la cantidad de propuestas recibidas hacía imposible presentar un informe completo dentro del plazo originalmente previsto. No se trató de una decisión política, sino de una limitación operativa impuesta por la magnitud de la respuesta institucional.
El presidente de la subcomisión bicameral encargada de recibir las observaciones, el senador Pedro Catrain (PRM-Samaná), precisó que gran parte de las propuestas apuntan al artículo 8 de la norma, que regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Este punto ha concentrado la atención del sector empresarial y de organismos internacionales por igual, convirtiéndose en el nudo central del debate.
Las entidades que sacuden el debate sobre el Código Penal
Entre las organizaciones que han sometido comentarios destacan el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD). El Conep, en particular, ha solicitado al Congreso más tiempo antes de la entrada en vigencia de la ley y ha presentado un pliego de cambios orientado a fortalecer la coherencia y la seguridad jurídica de la normativa.
Las propuestas del Conep no se limitan a la responsabilidad penal corporativa. Abarcan un espectro amplio de materias que incluye:
- Responsabilidad penal del personal médico
- Libertad de expresión
- Inteligencia artificial
- Ciberseguridad
- Estafas piramidales
A ese conjunto de voces se suma la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que también presentó observaciones, centradas principalmente en los derechos de la niñez y la no discriminación, en línea con los tratados internacionales suscritos por la República Dominicana. La participación de un organismo multilateral de ese peso añade una dimensión de escrutinio externo que el Congreso no puede ignorar.
El plazo que presiona: el 3 de agosto como fecha límite
Pese a la postergación, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, aseguró que habrá tiempo suficiente para debatir y aprobar las modificaciones antes de la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, fijada para el 3 de agosto. De los Santos añadió que, incluso después de esa fecha, el Congreso continuará sesionando, lo que permitiría cualquier revisión adicional que resulte necesaria.
Las discusiones en la subcomisión y la comisión bicameral seguirán su curso mientras se procesan las observaciones presentadas. El hecho de que 84 actores hayan respondido al llamado en un plazo tan corto refleja la sensibilidad que despierta este Código Penal entre los sectores económicos, sociales e internacionales del país. Un proceso que tardó más de un cuarto de siglo en madurar enfrenta ahora su prueba más concreta: convertir ese caudal de propuestas en una norma que resista el escrutinio de todos.
