By La presencia militar de El Salvador en Haití opera en un vacío de supervisión internacional. Así lo confirmó la propia Organización de las Naciones Unidas, al aclarar que la gran mayoría de los soldados salvadoreños desplegados en el país caribeño no forman parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), el único mecanismo bajo el cual el organismo tiene capacidad de exigir informes y garantizar rendición de cuentas.
Lo que revela la aclaración de la ONU sobre El Salvador en Haití
El portavoz del secretario general António Guterres, Stéphane Dujarric, fue quien realizó la aclaración oficial. Sus palabras son precisas y tienen consecuencias directas: al no integrar formalmente la GSF, las operaciones de los militares salvadoreños quedan fuera del alcance del mandato de la ONU y de los mecanismos de reporte de la Oficina de Apoyo de la ONU en Haití. En términos prácticos, esto significa que el organismo no puede exigirles informes ni supervisar directamente sus acciones sobre el terreno.
La declaración no surgió en el vacío. El Salvador incrementó drásticamente su presencia militar en Haití tras un hecho crítico: el 18 de octubre, cuatro miembros de su contingente desaparecieron después de ser atacados por grupos armados. La respuesta de las autoridades salvadoreñas fue contundente: movilizaron miles de efectivos, incluyendo unidades especializadas, con el doble objetivo de recuperar a sus compatriotas y confrontar a las organizaciones criminales que dominan Puerto Príncipe.
Dujarric precisó que la Oficina de Apoyo de la ONU en Haití sí brinda respaldo logístico y operativo, pero únicamente a quienes integran formalmente la GSF, conforme a su mandato y a las disposiciones sobre derechos humanos vigentes. El resto de las fuerzas desplegadas en el país opera en un marco distinto, con obligaciones internacionales que existen pero sin un mecanismo de verificación directo por parte del organismo.
Por qué la ONU advierte sobre normas internacionales sin importar quién opera
Ante este escenario, la ONU fue enfática en un punto que no admite interpretaciones: la obligación de cumplir con el derecho internacional no depende de si una fuerza está o no bajo el paraguas de la GSF. “Todas las operaciones de seguridad deben llevarse a cabo en plena conformidad con el derecho internacional aplicable, incluyendo el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario”, declaró Dujarric.
El organismo también subrayó que la transparencia y la rendición de cuentas no son opcionales. Son condiciones necesarias para mantener el apoyo internacional a las operaciones de seguridad en Haití y, sobre todo, para garantizar la protección de la población civil en un país donde la violencia de las pandillas ha alcanzado niveles críticos. Las obligaciones de protección a los civiles, insistió el portavoz, no se limitan a quienes forman parte formal de la misión.
- Los militares salvadoreños fuera de la GSF no están obligados a reportar a la ONU.
- La Oficina de Apoyo de la ONU solo da respaldo logístico a integrantes formales de la GSF.
- Todas las fuerzas en Haití deben cumplir el derecho internacional humanitario, independientemente de su estatus.
- La transparencia y rendición de cuentas son requisitos para sostener el apoyo internacional.
La carta de 400 Mawozo que sacude el tablero diplomático
En paralelo a la controversia sobre la supervisión militar, Dujarric confirmó que la ONU recibió una carta firmada por Wilson Joseph, líder de la banda criminal 400 Mawozo, dirigida directamente al secretario general Guterres. La misiva solicita la intervención del organismo para facilitar un diálogo entre los grupos armados y las fuerzas extranjeras presentes en Haití, con el argumento de que las operaciones militares en curso podrían intensificar la violencia y poner en riesgo a mujeres, niños y personas en situación de vulnerabilidad.
La respuesta de la ONU fue categórica: recibir la carta no implica ningún respaldo a su contenido, ningún reconocimiento a su autor ni compromiso alguno de iniciar un proceso de mediación con la banda. El portavoz reafirmó que las comunidades haitianas continúan siendo las principales víctimas de la crisis de seguridad que atraviesa el país, un recordatorio de que el foco del organismo sigue puesto en la población civil y no en los actores armados que la amenazan.
La situación en Haití sigue siendo volátil. La presencia de El Salvador en Haití sin supervisión directa de la ONU añade una capa de complejidad a una crisis que ya acumula múltiples frentes: pandillas organizadas, fuerzas extranjeras con mandatos distintos y un Estado haitiano con capacidad institucional limitada para coordinar la respuesta. El debate sobre quién rinde cuentas y ante quién apenas comienza.
