By Un hombre de 29 años identificado como De la Cruz Sosa enfrenta este martes una audiencia de medida de coerción tras ser arrestado por presuntamente amenazar a Abinader con un atentado terrorista planificado para el 6 de noviembre de 2026, fecha en que el presidente Luis Rodolfo Abinader Corona participaría en los actos del Día de la Constitución en la sede del Congreso Nacional. El caso, que involucra armas, explosivos y una red de dispositivos electrónicos, revela una operación de inteligencia que escaló rápidamente desde una denuncia hasta un allanamiento múltiple en menos de 48 horas.
Lo que encontraron: armas, explosivos y rastros digitales
Durante los operativos ejecutados por orden de la jueza Josefina Noemí Díaz Marte, las autoridades ocuparon un arsenal que va más allá de lo que suele encontrarse en casos de amenazas convencionales. Entre los elementos confiscados se encuentran:
- Armas de fuego
- Pertrechos militares
- Artefactos explosivos
- Dispositivos electrónicos: celulares, tabletas y computadoras
- Sustancias químicas en proceso de evaluación forense
Los allanamientos se realizaron tanto en el domicilio del imputado como en la Ferretería Molina, establecimiento donde De la Cruz Sosa trabaja. La orden judicial autorizó expresamente la búsqueda de cualquier evidencia vinculada al presunto plan para amenazar a Abinader, lo que amplió el alcance de las diligencias más allá de una simple detención.
El Ministerio Público contó con el respaldo técnico de la División de Investigaciones de Delitos Informáticos de la Dirección Nacional de Inteligencia, cuya participación sugiere que parte de la investigación se centra en rastrear comunicaciones digitales y posibles coordinaciones con terceros aún no identificados.
Terrorismo y 40 años de prisión: los cargos que pesan sobre el imputado
Los fiscales Benedicto Arquímedes Reynoso Sánchez, Pedro Williams Concepción y Elington Santiago Villar son quienes llevan el caso y ejecutaron la orden de arresto el pasado lunes. La imputación no se limita a las amenazas: el Ministerio Público también le atribuye delitos relacionados con terrorismo, una calificación que, bajo la legislación dominicana vigente, puede conllevar penas de hasta 40 años de prisión.
La gravedad de los cargos contrasta con la aparente cotidianidad del perfil del imputado, un trabajador de ferretería de 29 años cuyo domicilio y lugar de trabajo fueron allanados en busca de pruebas. Sin embargo, el hallazgo de pertrechos militares y artefactos explosivos en su entorno inmediato refuerza la tesis del Ministerio Público sobre la seriedad del presunto plan para amenazar a Abinader.
La audiencia de este martes determinará qué medida de coerción se le impone mientras avanza la investigación. Dado el tipo de cargos y la naturaleza del material incautado, la prisión preventiva aparece como el escenario más probable, aunque la defensa tendrá la oportunidad de presentar sus argumentos ante el tribunal.
