By La protección de datos personales, el fortalecimiento de la identidad digital y la regulación del intercambio de información entre instituciones públicas son los tres ejes centrales de un nuevo documento estratégico elaborado de forma conjunta por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Ministerio de Administración Pública (MAP). El Plan de Acción para las Salvaguardas de la Infraestructura Pública Digital traza una hoja de ruta para consolidar la transformación del Estado dominicano en un entorno que garantice privacidad, confianza y acceso seguro a los servicios gubernamentales.
Lo que revela el informe PNUD-MAP sobre protección de datos en RD
El documento, accesible al público, parte de un reconocimiento explícito: la República Dominicana ha avanzado en la digitalización de sus servicios, pero ese progreso aún no está respaldado por un marco normativo sólido que proteja a los ciudadanos. El siguiente paso, según el informe, no es acelerar la digitalización, sino blindarla. Para ello, se propone una legislación integral que unifique las regulaciones sobre el tratamiento de datos personales, establezca con claridad los derechos de los ciudadanos y defina las obligaciones de las entidades, tanto públicas como privadas.
Más allá de la norma escrita, el informe también plantea evaluar los mecanismos institucionales que garanticen su cumplimiento efectivo. Una ley sin un ente que la haga cumplir, advierte el documento de forma implícita, no resuelve el problema de fondo. En paralelo, se recomienda que toda nueva plataforma tecnológica del Estado sea sometida a evaluaciones de impacto en privacidad antes de su implementación, con el objetivo de identificar riesgos y aplicar medidas de seguridad desde el diseño, no como parche posterior.
Otro punto destacado es la transparencia en el uso de los datos ciudadanos. El informe propone desarrollar herramientas que permitan a cualquier persona conocer qué institución accede a su información, en qué momento y con qué propósito. Esta medida apunta directamente a reconstruir la confianza en las plataformas gubernamentales, un activo que, una vez erosionado, es difícil de recuperar.
Identidad digital y el desafío que nadie había resuelto para los menores
Uno de los hallazgos más concretos del informe tiene rostro joven. El documento identifica una brecha crítica en el sistema nacional de identidad: los niños y adolescentes menores de 18 años, aunque registrados al nacer, carecen de un documento nacional de identidad que les permita acceder a servicios públicos de forma autónoma. El registro existe, pero la identidad digital funcional, no.
Ante esta realidad, el informe recomienda una serie de acciones específicas:
- Fortalecer el registro civil para reducir los retrasos en inscripciones de nacimiento.
- Desarrollar mecanismos que garanticen una identidad digital segura desde los primeros años de vida.
- Establecer protocolos de cifrado y controles de acceso estrictos para la protección de datos biométricos.
- Limitar el intercambio de información biométrica exclusivamente a los casos en que sea estrictamente necesario.
La apuesta por la seguridad biométrica no es menor. En un contexto donde el Estado acumula huellas, rostros y otros datos sensibles de millones de ciudadanos, la ausencia de protocolos robustos representa un riesgo sistémico que el informe no duda en señalar.
Pagos digitales e interoperabilidad: las cifras que marcan el rumbo a 2028
El informe también pone números sobre la mesa en materia de pagos electrónicos. Actualmente, aproximadamente el 22% de los pagos al Estado se realizan de forma digital, una cifra que el documento establece como punto de partida, no de llegada. La meta es ambiciosa: elevar ese porcentaje al 75% para el año 2028, lo que implicaría una transformación profunda en la relación entre el ciudadano y la administración pública.
Este objetivo se enmarca en un ecosistema que ya tiene infraestructura. La Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC) ha implementado la Plataforma Nacional de Interoperabilidad (PNI), basada en tecnología X-Road, que actualmente conecta cerca de 90 instituciones públicas. El plan contempla incorporar otras 50 entidades antes de 2028, lo que ampliaría significativamente la capacidad del Estado para compartir información de forma segura y coordinada.
La formalización de acuerdos de intercambio de datos entre entidades públicas, también recomendada en el documento, busca precisamente ordenar ese flujo de información dentro de la plataforma: que cada conexión entre instituciones tenga respaldo legal, propósito definido y trazabilidad. En conjunto, las propuestas del informe PNUD-MAP no describen un Estado digital del futuro, sino las condiciones mínimas para que el que ya existe funcione con garantías reales para quienes lo usan.
