By La República Dominicana avanza en la digitalización de sus servicios públicos, pero ese progreso trae consigo una deuda pendiente: garantizar que los datos de los ciudadanos estén realmente protegidos. Un informe elaborado conjuntamente por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Ministerio de Administración Pública (MAP) pone sobre la mesa las brechas que aún persisten y traza un camino concreto para cerrarlas.
Lo que revela el informe sobre protección de datos en RD
El documento, denominado Plan de Acción para las Salvaguardas de la Infraestructura Pública Digital, no se limita a diagnosticar: propone acciones específicas para fortalecer la protección de datos personales en el ecosistema gubernamental dominicano. Entre sus recomendaciones centrales figura la creación de una legislación que unifique las normas sobre el manejo de información personal, que clarifique los derechos de los ciudadanos y que delimite con precisión las responsabilidades de las entidades públicas y privadas involucradas en el tratamiento de esa información.
El informe también plantea que las nuevas plataformas tecnológicas del Estado sean sometidas a evaluaciones de impacto sobre privacidad antes de su implementación. La lógica es preventiva: identificar riesgos y establecer medidas de seguridad desde el diseño mismo de los sistemas, no como un parche posterior. A esto se suma la propuesta de formalizar acuerdos para el intercambio de información entre entidades públicas y desarrollar herramientas que permitan rastrear quién accede a los datos de cada ciudadano.
En materia de seguridad técnica, el documento recomienda reforzar la protección de datos biométricos mediante protocolos de cifrado y controles de acceso estrictos, reconociendo que este tipo de información representa uno de los activos más sensibles que gestiona el Estado.
El dato que lo cambia todo: pagos digitales y una meta para 2028
Uno de los indicadores más reveladores del informe es el estado actual de los pagos digitales con el Estado: representan cerca del 22 por ciento de las transacciones totales. La meta fijada es alcanzar el 75 por ciento para 2028, un salto que exige no solo infraestructura tecnológica, sino también marcos normativos que generen confianza en los usuarios.
En ese contexto, el MAP lidera la transformación digital del Estado, mientras que la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC) es responsable del desarrollo y operación de la infraestructura tecnológica que habilita los servicios digitales y la interoperabilidad entre instituciones. Actualmente, la OGTIC implementa la Plataforma Nacional de Interoperabilidad (PNI), que conecta aproximadamente a 90 instituciones públicas, con la meta de integrar 50 más antes de 2028. Más información sobre estas iniciativas está disponible en el portal oficial de la OGTIC.
La deuda con los menores: identidad digital desde la infancia
El informe también expone una vulnerabilidad que suele pasar desapercibida: los niños y adolescentes menores de 18 años en República Dominicana cuentan con registro de nacimiento, pero carecen de documentos de identidad que les faciliten el acceso a servicios públicos. Esta brecha no es menor, ya que la protección de datos y el ejercicio de derechos digitales comienzan, precisamente, con una identidad verificable.
Ante esto, el documento recomienda fortalecer el registro civil, mejorar los procesos de inscripción y desarrollar mecanismos que garanticen una identidad digital segura desde la infancia. Se trata de una apuesta por construir un sistema de protección de datos que no excluya a los sectores más jóvenes de la población, sentando bases sólidas para que la digitalización del Estado sea verdaderamente inclusiva y confiable para todos los dominicanos.
