El ministro de Justicia, Antoliano Peralta Romero, se pronunció a favor de que el Código Penal entre en vigencia en agosto según lo previsto, aunque condicionó su postura a que se presente de forma inmediata un proyecto de ley para corregir las distorsiones que distintos sectores han señalado. La declaración llega en un momento de creciente presión institucional para posponer la implementación de la norma.
El Código Penal en agosto: la apuesta por promulgar primero y corregir después
Peralta Romero fue claro al exponer su posición: la entrada en vigencia del Código Penal no debería retrasarse, pero tampoco puede ignorarse la necesidad de ajustes. “El Código puede entrar en vigencia, pero es importante que se presente un proyecto de ley lo antes posible para abordar los ajustes necesarios”, afirmó el funcionario. Esta fórmula —promulgar y revisar en paralelo— es la que el ministro defiende como la vía más pragmática para avanzar sin dejar sin respuesta las críticas acumuladas.
El ministro también consideró comprensible la solicitud de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), que ha pedido al presidente Luis Abinader enviar un proyecto al Congreso para posponer la implementación del código y así corregir sus fallos antes de que tenga efecto legal. Aunque Peralta Romero no descartó esa vía, su postura personal se inclina por no dilatar más la entrada en vigor de una norma que lleva años en proceso de aprobación.
Lo que revela su trayectoria: un ministro que ya advertía sobre las modificaciones
El respaldo de Peralta Romero no es improvisado. El propio ministro recordó que, cuando ejercía como consultor jurídico del Poder Ejecutivo, ya había reconocido públicamente que el Código Penal era susceptible de modificaciones. Esa coherencia entre su posición anterior y la actual le otorga peso a su argumento: no se trata de defender una norma perfecta, sino de evitar que la búsqueda de la perfección paralice una reforma necesaria.
Este antecedente también revela la complejidad del proceso legislativo detrás del código. Las distorsiones identificadas no son nuevas ni desconocidas para el Ejecutivo; lo que está en debate es el momento y el mecanismo para corregirlas. Peralta Romero apuesta por hacerlo desde la vigencia, no desde la espera.
- La FINJUS solicitó al presidente Abinader posponer la entrada en vigencia del Código Penal.
- El ministro considera normal dicha solicitud, pero defiende la implementación en agosto.
- Peralta Romero propone presentar un proyecto de ley de ajustes de forma inmediata tras la promulgación.
- Cuando era consultor jurídico del Ejecutivo, ya había reconocido que el código requería modificaciones.
Libertad de expresión y diálogo: los otros frentes que abre el nuevo código
Más allá del debate sobre los plazos, Peralta Romero abrió otro flanco de discusión al abordar los artículos vinculados a la libertad de expresión. El ministro expresó su disposición a dialogar con líderes de opinión, medios de comunicación y plataformas digitales sobre los aspectos del código que requieren adecuación en ese ámbito. Este gesto de apertura sugiere que el Ejecutivo es consciente de que algunos de los artículos más polémicos tocan directamente el ejercicio periodístico y la expresión en entornos digitales.
La disposición al diálogo no equivale a una promesa de cambio, pero sí marca un tono diferente al de la defensa cerrada de la norma. En ese sentido, la postura del ministro de Justicia parece diseñada para desactivar la oposición más frontal sin renunciar a la fecha de agosto. El equilibrio entre implementar y corregir será, en los próximos meses, la prueba más exigente para Antoliano Peralta Romero al frente del ministerio. Para conocer más sobre el marco institucional en el que opera esta reforma, puede consultarse el portal del Ministerio de Justicia de la República Dominicana.

